A ocho días de las elecciones: claves fiscales para decidir con criterio sobre impuestos

A pocos días de la primera ronda electoral, el tema de los impuestos vuelve a ocupar un lugar central en la conversación pública. Se habla de subirlos, bajarlos, eliminarlos o crear nuevos. Sin embargo, reducir el debate fiscal a esos extremos simplifica en exceso un problema que, en realidad, es mucho más profundo y estructural.

Desde una perspectiva técnica, Costa Rica no enfrenta hoy un problema de ausencia de tributos. El país cuenta con un sistema sustentado principalmente en el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y el Impuesto sobre la Renta, que concentran la mayor parte de la recaudación. El desafío real no está en inventar figuras impositivas ni en desmontarlas, sino en cómo se administran los impuestos existentes, cómo se fiscaliza su cumplimiento y qué tan eficiente y transparente es el uso de los recursos recaudados.

Buena parte de las promesas fiscales que surgen en campaña se concentra en modificar tasas o crear excepciones, pero pocas profundizan en la capacidad operativa del Estado para cobrar bien, fiscalizar con justicia y administrar con eficiencia. Un sistema tributario puede fallar no por su diseño legal, sino por debilidades en su ejecución: procesos poco eficientes, baja interoperabilidad tecnológica, controles fragmentados y una fiscalización que no siempre prioriza el riesgo real.

En ese contexto, la evasión y la informalidad se convierten en temas centrales que no deberían abordarse únicamente desde el discurso. No se trata de conceptos abstractos, sino de realidades que afectan la equidad del sistema y trasladan la carga a quienes sí cumplen. Antes de hablar de nuevas cargas, resulta razonable preguntarse si las propuestas contemplan mecanismos concretos para reducir la informalidad, fortalecer la fiscalización inteligente y promover una cultura de cumplimiento basada en reglas claras y en un trato equitativo.

El tratamiento de los regímenes especiales, en particular el de zonas francas, también reaparece con fuerza en el debate electoral. Es un tema sensible, pero exige un análisis sereno y técnico. Las zonas francas no son un privilegio aislado, sino una herramienta de política económica diseñada para atraer inversión, generar empleo formal, promover exportaciones y facilitar la transferencia de conocimiento. Al mismo tiempo, como cualquier régimen especial, deben ser evaluadas periódicamente con datos objetivos que permitan medir su impacto real, sus encadenamientos productivos y su contribución al desarrollo del país. Defenderlas sin evaluación o cuestionarlas sin evidencia conduce al mismo error.

Otro aspecto que merece atención es la coherencia entre lo que se promete recaudar y la capacidad real del Estado para hacerlo. Prometer mayores ingresos sin fortalecer la administración tributaria suele generar frustración; prometer menos impuestos sin explicar cómo se sostendrán los servicios públicos esenciales genera incertidumbre. La sostenibilidad fiscal no se construye con anuncios, sino con planes viables, medibles y ejecutables.

Finalmente, cualquier discusión seria sobre impuestos debería ir acompañada de un compromiso explícito con la calidad del gasto público. Recaudar más no es un fin en sí mismo. La confianza ciudadana se fortalece cuando el uso de los recursos es transparente y medible, y se traduce en resultados concretos en educación, salud, seguridad e infraestructura.

A ocho días de las elecciones, el voto informado adquiere un valor especial. No se trata únicamente de elegir personas o partidos, sino de evaluar la seriedad, coherencia y viabilidad de las propuestas que marcarán el rumbo económico del país en los próximos años. La decisión final es personal; el análisis previo, en cambio, es una responsabilidad compartida.

Jorge Gutiérrez Guillén, CPA
Socio Fundador | JGutierrez Auditores Consultores S.A.
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