Un Desafío de Cultura, Tecnología y Control para Costa Rica
¿Qué tienen en común una empresa en apariencia próspera, un sistema de control relajado y un escándalo financiero?
La respuesta es simple: un apetito de riesgo mal gestionado.
En Costa Rica, como en el resto del mundo, prevenir que una empresa sea utilizada como vehículo para el lavado de activos es un desafío que va mucho más allá de tener “papeles en regla”. Implica adoptar una cultura organizacional firme, herramientas tecnológicas confiables y un enfoque basado en riesgos reales, no supuestos.
AML, KYC y CDD: más que siglas, son escudos
Los programas de Anti-Money Laundering (AML), conocidos como prevención del lavado de dinero, tienen tres pilares básicos:
- KYC (Know Your Customer): conocer e identificar correctamente a los clientes.
- CDD (Customer Due Diligence): aplicar debida diligencia según el riesgo que representen.
- Monitoreo continuo: vigilar las operaciones y comparar con lo esperado.
Sin embargo, muchos escándalos recientes revelan que, aunque las políticas existen, los controles fallan por omisión, presión comercial o negligencia deliberada. Esto refleja un apetito de riesgo tolerado desde dentro, que termina abriendo la puerta al delito.
El caso costarricense: normas hay, lo que falta es cultura
En Costa Rica, la legislación es clara y exigente:
- Ley N.º 7786: Penaliza la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo.
- Decreto Ejecutivo N.º 41794-MP-MJP-H-SP: Establece el reglamento para Sujetos Obligados No Financieros.
- Circular SUGEF 16-20: Regula el cumplimiento para entidades financieras supervisadas.
- Unidad de Inteligencia Financiera (UIF): Analiza los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y depende del ICD.
- Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales (RTBF): Obliga a las empresas a declarar quién controla sus acciones.
A pesar de esta estructura normativa, el desfase entre la ley escrita y la práctica diaria sigue siendo crítico, especialmente en sectores donde el cumplimiento se percibe como una carga, no como una defensa estratégica.
El mayor riesgo: el factor humano
Es frecuente que tras una crisis reputacional, las empresas reaccionen con políticas y manuales. Pero sin una cultura preventiva sostenida desde la alta dirección, todo sistema se debilita con el tiempo.
¿Dónde comienza la falla?
- Vendedores que omiten pasos para cerrar una venta.
- Gerentes que priorizan el ingreso inmediato sobre el control.
- Profesionales que confían en la intuición más que en los datos.
Este enfoque reactivo crea una falsa sensación de seguridad, dejando a la organización expuesta ante clientes, transacciones o estructuras legales utilizadas para ocultar dinero ilícito.
Perfil del cliente ≠ Perfil transaccional
Uno de los vacíos más peligrosos es no comparar el perfil económico declarado del cliente con su comportamiento transaccional real.
Algunas señales de alerta que suelen ignorarse:
- Personas con ingresos modestos que mueven millones en poco tiempo.
- Empresas sin operaciones visibles que giran grandes montos al extranjero.
- Transferencias desde billeteras de criptomonedas no rastreables.
- Uso de asociaciones sin fines de lucro o fideicomisos como vehículos de triangulación.
Este desbalance entre lo que se espera y lo que ocurre es el lugar donde el lavado prospera.
¿La solución? Tecnología, automatización y vigilancia constante
Una debida diligencia robusta ya no puede depender solo de procesos manuales. Debe ser sistemática, tecnológica y adaptativa, especialmente en relaciones comerciales continuas.
Recomendaciones prácticas:
- Sistemas con lógica condicional para clasificar riesgo por cliente.
- Herramientas con inteligencia artificial o machine learning.
- Integración con listas PEP, OFAC y de sanciones globales.
- Alertas automáticas por desviaciones de comportamiento.
Estas soluciones permiten reducir la subjetividad, mejorar la trazabilidad y presentar evidencia sólida ante auditores, juntas directivas y entes supervisores.
Apetito de riesgo organizacional: ¿sabés cuál es el tuyo?
El apetito de riesgo no debe ser una idea abstracta. Toda empresa debe definir formalmente hasta qué nivel de exposición está dispuesta a asumir, en función de:
- Su modelo de negocio y fuentes de ingreso.
- Su tipo de cliente y mercado.
- Su entorno geográfico y regulatorio.
- Sus capacidades tecnológicas y humanas.
En Costa Rica, la SUGEF ha impulsado con fuerza el modelo de Supervisión Basado en Riesgo (RBA). Este modelo no solo evalúa cuánto riesgo existe, sino qué tan eficaz es la entidad en gestionarlo, y ajusta la supervisión en consecuencia.
Auditoría y cumplimiento: aliados, no enemigos
Los auditores no están para señalar con el dedo, sino para ayudar a fortalecer el sistema. Su rol incluye:
- Verificar la implementación y efectividad de matrices de riesgo.
- Validar los procedimientos KYC y CDD.
- Comprobar que exista documentación objetiva y trazable de decisiones.
- Identificar omisiones sistemáticas y emitir recomendaciones correctivas.
Un control débil puede hacer quebrar la empresa. Un control sólido puede salvarla.
🧭 Reflexión final: El caso Coopeservidores y la vulnerabilidad de las asociaciones solidaristas
Uno de los casos más emblemáticos de los últimos años en Costa Rica es el de Coopeservidores R.L., una cooperativa de ahorro y crédito que pasó de ser un referente nacional a estar intervenida judicialmente tras el descubrimiento de una presunta red de lavado de dinero, préstamos irregulares, operaciones simuladas y una gestión opaca liderada desde la alta gerencia. La detención de su gerente general y otros implicados en 2023 destapó una compleja trama financiera que habría provocado la pérdida de miles de millones de colones, afectando a más de 130 mil asociados, muchos de ellos trabajadores de ingresos medios y bajos.
El impacto de este caso aún sigue desarrollándose: congelamiento de fondos, pérdida de confianza en el sector cooperativo y riesgo reputacional para entidades afines como las asociaciones solidaristas, que si bien tienen un fin distinto, comparten estructuras de captación, crédito y autogestión. Este escándalo ha evidenciado que no importa cuán noble sea el fin social de una organización: si no hay controles reales, cultura de cumplimiento y supervisión independiente, el riesgo es altísimo.
Por eso, las asociaciones solidaristas deben dejar de verse como “zonas grises” sin exposición. Su cercanía con los trabajadores, su acceso a recursos líquidos y su creciente participación en operaciones de crédito y financiamiento las convierten en potenciales objetivos para esquemas de legitimación de capitales, corrupción interna o abuso administrativo.
El caso Coopeservidores debe servir como una advertencia concreta: los sistemas de cumplimiento no son opcionales ni simbólicos, y el apetito de riesgo mal definido puede traducirse en consecuencias devastadoras no solo para las organizaciones, sino también para su reputación institucional y el bienestar económico de sus asociados.
Jorge Gutiérrez Guillén, CPA
Socio Fundador – JGutierrez Auditores Consultores S.A.
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