BCR SAFI bajo la lupa: un caso que redefine la gobernanza y el control interno en fondos de inversión.(seguimiento)

Introducción

El mercado de valores costarricense enfrenta uno de los episodios más sensibles de los últimos años: la serie de adquisiciones inmobiliarias realizadas por el Fondo No Diversificado administrado por BCR SAFI. El punto focal de la controversia es la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP), un activo adquirido por más de $70 millones y cuya valoración posterior evidenció diferencias significativas frente al valor de mercado.

Sin embargo, este caso trasciende cifras. Expone fallas en procesos de debida diligencia, cuestiona la eficacia del gobierno corporativo y revela deficiencias en los controles internos que deben resguardar la administración de recursos de terceros. A la par, una investigación penal en curso incorpora elementos como comunicaciones telefónicas, activación de radiobases y allanamientos, lo cual amplía el análisis hacia la integridad del proceso de decisión.

Este artículo integra de forma técnica y cronológica los elementos financieros, regulatorios y judiciales del caso, con una reflexión desde la óptica del auditor y el papel del escepticismo profesional.

El rol fiduciario de una SAFI y la relevancia de la debida diligencia

Una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión no invierte su propio patrimonio: gestiona recursos de miles de inversionistas que delegan en ella decisiones críticas. Por ello, una SAFI está obligada a sostener cada inversión con:

• Valoraciones independientes y documentadas.
• Supuestos razonables y verificables.
• Evaluaciones de riesgo y de mercado.
• Procesos robustos de control interno.

En el caso del PEP, adquirido el 20 de febrero de 2020 por $70,8 millones, una valuación posterior solicitada por los propios inversionistas determinó un valor considerablemente inferior, deteriorando la rentabilidad del fondo y desencadenando un cuestionamiento estructural del proceso de inversión.

Impacto financiero y respuesta regulatoria

La discrepancia en el valor del activo tuvo efectos inmediatos:

• Rendimientos trimestrales pasaron de $15 por acción a menos de $3.
• Propiedades adquiridas por valores cercanos a $1.200 hoy difícilmente superarían $150.

Ante esto, la Superintendencia General de Valores (Sugeval) identificó fallas en la evaluación técnica de las inversiones, ordenó:

• Ajustes contables,
• Fortalecimiento patrimonial,
• Mejoras obligatorias en la gestión de riesgos, y
• Un esquema de restitución estimado en cerca de $70 millones a los inversionistas.

El Banco de Costa Rica, por su parte, optó por elevar la disputa al ámbito contencioso-administrativo, lo que prolonga la resolución definitiva del caso.

La dimensión penal: comunicaciones, radiobases y vínculos investigados

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) abrió el expediente 21-000209-1218-PE, centrado en presunto sobreprecio e influencia indebida en al menos nueve proyectos inmobiliarios. La investigación incorpora dos elementos clave.

Análisis de comunicaciones telefónicas

Los informes del Ministerio Público revelan patrones de contacto entre actores internos y externos al BCR:

• 31 llamadas entre Juan Carlos Bolaños Azofeifa, exgerente de Banca Corporativa del BCR e integrante del Comité de Inversión, y Manrique Gutiérrez Loría, señalado como miembro de una presunta organización criminal vinculada al exdiputado Humberto Vargas Corrales.
• 214 comunicaciones entre Marlon Sequeira Gamboa, exgerente de Negocios y Proyectos a. i. de BCR SAFI, y Gutiérrez Loría, antes y después de la compra del PEP.
• Múltiples llamadas entre Sequeira Gamboa y el exdiputado Vargas en 2020 y 2021.
• Registros de comunicación entre Rossnie Díaz Méndez, exgerente general de BCR SAFI, y los mismos actores.
• Contactos del supervisor de ingeniería, Marco Carbajal Soto, con Gutiérrez Loría tres días antes de la compra del PEP.

Si bien las comunicaciones no determinan responsabilidad por sí mismas, permiten establecer coincidencias temporales con momentos críticos del proceso de inversión.

Activación de radiobases: presencia en el PEP

El análisis técnico de radiobases en Esparza y Caldera, entre septiembre 2019 y abril 2020, confirmó que 14 de 18 números telefónicos vinculados al caso registraron activaciones en la zona del proyecto.

Entre los hallazgos:

• Natalia Garro Acuña, exjefa de Proyectos, registró 46 activaciones, coincidentes con visitas del grupo vendedor.
• Funcionarios clave y peritos externos estuvieron presentes en el inmueble antes de emitir valoraciones que lo describían como concluido, pese a que según el informe fiscal el estado constructivo no correspondía con esa descripción.

Este punto es particularmente relevante, ya que las valoraciones técnicas son determinantes en la aprobación de inversiones de alto monto.

Allanamientos y avance de la investigación

El 4 de diciembre de 2025, la Fiscalía ejecutó 16 allanamientos en viviendas y oficinas del BCR y BCR SAFI, incluyendo el Departamento de Auditoría Interna.
El objetivo: decomisar evidencia documental, electrónica, contratos y permisos de construcción relacionados con las adquisiciones investigadas.

Según el Ministerio Público:

“En la causa se investigan presuntos delitos de sobreprecio irregular e influencia indebida en contra de la Hacienda Pública (…) respecto de al menos nueve proyectos adquiridos”.

Los inversionistas, que desde 2022 exigen transparencia y reparación, calificaron estas actuaciones como un avance significativo en la búsqueda de responsabilidades.

Evaluación técnica: lecciones para la profesión contable y para el sistema financiero

Gobierno corporativo debilitado

Los comités de inversión deben funcionar con independencia, pluralidad técnica y capacidad de cuestionamiento. En este caso, las decisiones no reflejaron la profundidad analítica necesaria para una operación de alto riesgo.

Evidencia y documentación insuficiente

Los documentos disponibles no sustentaron adecuadamente la decisión, ni reflejaron un análisis integral del mercado ni del estado constructivo real del inmueble.

Escepticismo profesional de auditoría

Las Normas Internacionales de Auditoría exigen evaluar riesgos significativos, revisar evidencia y advertir deficiencias en controles.
Si una operación muestra señales inusuales monto elevado, tiempos reducidos, valoraciones inconsistentes el escepticismo profesional no es opcional: debe intensificarse.

Implicaciones contables

Las diferencias en valores obligaron a reconocer deterioros, ajustar estados financieros y comunicar impactos importantes a los inversionistas, reforzando la necesidad de transparencia absoluta.

Riesgo sistémico

El impacto trasciende un único fondo.
Involucra:

• Inversionistas individuales,
• Operadoras de pensiones,
• Banca estatal,
• Confianza pública en los fondos de inversión.

La gobernanza es un activo del sistema financiero; cuando se erosiona, su reconstrucción es lenta y costosa.

Conclusión

El caso BCR SAFI – PEP es un recordatorio contundente de lo que ocurre cuando los principios de gobernanza, control interno y debida diligencia se debilitan. La combinación de valoraciones deficientes, documentación incompleta, contactos externos no explicados y fallas de supervisión permite que una inversión mal estructurada evolucione hacia una investigación penal y un daño reputacional profundo.

Las lecciones son claras:
las SAFI deben elevar sus estándares técnicos; los auditores deben reforzar su escepticismo profesional; los reguladores deben mantener vigilancia estricta; y el sistema financiero debe comprender que la confianza es su mayor activo.

Solo con transparencia, rigor y responsabilidad institucional podrá evitarse que episodios como este se repitan.

Jorge Gutiérrez Guillén, CPA
Socio Fundador | JGutierrez Auditores Consultores S.A.
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