Caso BCR SAFI: una falla de gobierno corporativo que pone a prueba el escepticismo profesional del auditor

El caso relacionado con la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por parte del fondo inmobiliario administrado por BCR SAFI es, sin exagerar, uno de los episodios más delicados que ha enfrentado el mercado financiero costarricense en los últimos años. No se trata únicamente de un problema de precios o de una mala inversión. Lo que está en discusión es la fortaleza del gobierno corporativo, la debida diligencia en la gestión de fondos de terceros y la capacidad del sistema para proteger a los inversionistas.

Para comprender lo ocurrido, es necesario recordar el papel de una SAFI. Una sociedad administradora no invierte su propio patrimonio; administra el de miles de personas que delegan en ella la responsabilidad de gestionar su ahorro bajo criterios técnicos, prudentes y transparentes. En un fondo inmobiliario, ese deber se vuelve aún más exigente: requiere valoraciones independientes, análisis de mercado, evaluación de riesgos, supuestos realistas y una documentación que respalde cada paso.

La compra del PEP, realizada en febrero de 2020 por aproximadamente $70,8 millones, dejó al descubierto lo frágil que puede ser este deber cuando los controles internos y las verificaciones críticas no operan como deberían. Una valuación posterior, contratada por los propios inversionistas, reveló una diferencia significativa respecto del precio pagado. Este hallazgo no solo deterioró el valor del fondo, sino que también encendió las dudas de quienes confiaron su dinero en la institución.

Lo que inicialmente parecía un caso aislado terminó mostrando un patrón de adquisiciones realizadas a precios que, según analistas independientes, no reflejaban el valor de mercado. La presión creciente llevó a un hecho inusual: la Junta Directiva de BCR SAFI presentó una denuncia penal, dejando claro que incluso dentro de la organización existían dudas sobre la robustez técnica de las decisiones tomadas.

La respuesta regulatoria tampoco tardó. La Superintendencia General de Valores (Sugeval) identificó deficiencias importantes en el proceso de inversióny ordenó ajustes contables, el fortalecimiento patrimonial y un esquema de restitución cercano a $70 millones para los inversionistas afectados. El Banco de Costa Rica, por su parte, optó por acudir al proceso contencioso-administrativo, alargando un conflicto que aún no encuentra resolución definitiva.

De forma paralela, la Fiscalía abrió una línea de investigación independiente. El 4 de diciembre de 2025 se realizaron 16 allanamientos, incluyendo oficinas del conglomerado y la propia auditoría del banco. Este punto es especialmente relevante porque cuestiona directamente la efectividad de los mecanismos de supervisión interna.

A partir de este contexto, comparto mi valoración profesional desde la óptica del contador público.

Notas desde el punto de vista de auditoría

El caso BCR SAFI – PEP ilustra con mucha claridad cómo una debilidad en el proceso de inversión puede escalar hasta convertirse en un problema sistémico. No es la magnitud del inmueble lo que genera preocupación, sino la ausencia de documentación robusta, la falta de señales de alerta y la insuficiencia de criterios técnicos en una operación que, por su naturaleza y monto, exigía un nivel muy superior de cuestionamiento profesional.

Una SAFI tiene un mandato fiduciario: administrar recursos de terceros con independencia, rigor y evidencia verificable. Cuando una valuación posterior muestra una desviación relevante, la discusión no debe limitarse al precio pagado, sino analizar qué controles fallaron, qué escenarios no se consideraron y qué advertencias no se materializaron.

Desde la perspectiva contable, una diferencia de esta naturaleza obliga a reconocer deterioros, ajustar los estados financieros y comunicar los efectos con absoluta claridad a los inversionistas. La transparencia no es opcional: es un pilar del sistema.

En cuanto al papel de la auditoría, es importante ser precisos. Los auditores no determinan precios ni valoraciones de mercado. No obstante, sí deben evaluar la razonabilidad del proceso seguido por la administración, identificar riesgos significativos y advertir las fallas de control interno cuando se detecten. En operaciones inusuales o de gran magnitud, el escepticismo profesional debe intensificarse. Si ese nivel de cuestionamiento no se manifiesta, los mecanismos de supervisión se debilitan y los riesgos se amplifican.

El caso también deja lecciones institucionales ineludibles. Los comités de inversión deben operar con independencia real, diversidad de criterios y comprensión integral del riesgo. La banca estatal, por su naturaleza y responsabilidad pública, debe fortalecer su cultura de control interno, su capacidad técnica y la calidad de la información que entrega al mercado.

La confianza es, finalmente, el activo más valioso del sistema financiero. Su deterioro no se corrige con ajustes formales; requiere cambios profundos en la gobernanza, la supervisión, la cultura organizacional y el control interno. Este caso no debe verse como un incidente aislado, sino como un recordatorio de la importancia de reforzar los cimientos sobre los que descansa el mercado de fondos de inversión en Costa Rica.

Fuentes consultadas:
– Resolución Sugeval sobre el caso del Fondo Inmobiliario No Diversificado de BCR SAFI.
– Comunicados del Banco de Costa Rica y del Conglomerado BCR.
– Información pública del Ministerio Público y reportes de prensa nacionales (La Nación, El Financiero).
– Lineamientos técnicos del Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión.
– Normas Internacionales de Auditoría aplicables al análisis de control interno y escepticismo profesional.

Jorge Enrique Gutiérrez Guillén, CPA
Socio Director
JGutierrez Auditores Consultores S.A.
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