Más de 4.600 contribuyentes facturan de manera electrónica en la actualidad, según información del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, todos estarán obligados a hacerlo en el 2017.
En dos años, todos los contribuyentes del país deberán emitir facturas electrónicas.
Al menos esa es la intención del Ministerio de Hacienda, entidad que este jueves confirmó que el Banco Central se hará cargo del procesamiento de los documentos mediante el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (Sinpe).
Una vez implementados los cambios en la plataforma, que deberán estar listos en menos de un año, Hacienda ordenará a los grandes facturadores unirse a los cambios digitales.
El proceso será paulatino –de grandes a pequeños contribuyentes– hasta el 2017, cuando todos deberán contar con sus sistemas electrónicos.
Las facturas viajarán mediante Sinpe como cualquier transacción financiera, pero los datos llegarán a Tributación.
Quienes ya cuentan con sistemas semejantes, tendrán que hacer cambios, pero serán mínimos, dijo el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez.
Digitalizar las facturas es una forma de fomentar la transparencia. Los datos de facturación se pueden comparar con las declaraciones de los contribuyentes, de manera automática, para llevar un control cruzado.
De hecho, el viceministro calcula que la recaudación aumentaría en al menos un 10%, pero el mayor impacto se verá hasta en el momento en que todos los contribuyentes estén ya matriculados en los sistemas.
“Donde tenemos grandes problemas es en la periferia, los profesionales, contribuyentes pequeñitos”, comentó Rodríguez.
Aunque Radiográfica Costarricense (Racsa) y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia también competían por la adjudicación del proyecto, Hacienda prefirió al Central porque significaba una inversión menor.
“En Sinpe hay un costo hundido y le daríamos un mayor uso a la plataforma”, indicó Rodríguez.
El Gobierno todavía desconoce el presupuesto que irá a la plataforma tecnológica, pues todavía no ha decidido cuál será la modalidad de pago.
Retrasos. Este proceso ya acumula varios años de retraso.
En el 2012, la entonces presidenta Laura Chinchilla anunció que la facturación electrónica sería obligatoria para subsanar la ausencia de un plan fiscal.
Sin embargo, las estimaciones de Hacienda han ido variando con el tiempo y, en el 2014, Tributación proyectó que la implementación se daría al año siguiente.
Aunque en ese momento se ejecutó un plan piloto con 130 profesionales para validar la herramienta Mi F@ctura, no se completó por la carencia de un programa que procesara la información de los documentos.