Empresarios podrán defenderse de abuso con registro de accionistas
Los empresarios que se sientan afectados por una persecución cuando se apruebe la ley contra el fraude fiscal y la apertura del registro de accionistas, podrán acudir a un juez para frenar las investigaciones que haga Tributación Directa.
En caso de que la administración tributaria no cumpla con los requisitos necesarios para el proceso, el juez podrá anular la indagación e iniciar, por el contrario, investigaciones que podrían derivar en el despido del funcionarios públicos y hasta en demandas penales, con castigos que van desde los tres años hasta los diez años de prisión.
En principio, se supone que la información sensible de las empresas será de carácter confidencial entre Tributación Directa, el ICD y el Banco Central; sin embargo, existe el temor de que haya una fuga de información, lo cual podría ahuyentar a la inversión extranjera y afectar el clima de negocios.
Los cambios que negoció el PUSC con el Gobierno esta semana en la ley contra el fraude fiscal, permitirán conocer los dueños de las sociedades anónimas, bajo las cuales se cubren las empresas, pero se pone un muro de contención al abuso y al “phishing” que teme el sector privado, explicó Rosibel Ramos, diputada rojiazul y presidenta de la Comisión de Hacendarios.
Entre las condiciones para abrir una investigación, Tributación Directa deberá justificar el porqué del proceso, dar a conocer el nombre del encargado del proceso y hasta informar al representante legal de las sociedades anónimas sobre el inicio de la investigación.
La única excepción a esta regla es cuando se trate de casos de narcotráfico.
Todas estas condiciones no estaban en el proyecto original, ni tampoco la figura del juez.
El acuerdo político le permitiría al Ministerio de Hacienda conformar un bloque sólido de 38 legisladores, para impulsar la ley contra el fraude fiscal por la vía rápida, y así, establecer un plazo de votación para este plan, el cual pretende reducir la evasión y elusión de tributos que se estima en un 8% del PIB, es decir, unos ¢2,3 billones.
A pesar de que el proyecto estaría cerca de votarse, aún persisten dudas sobre el significado de “beneficiario final”.
Fuente: La República
