Coopeservidores: ¿de qué se trata el presunto fraude en la cooperativa que derivó en 23 allanamientos y 10 detenciones?

Publicación del Financiero 05/09/2024

Esto es lo que sabemos sobre el presunto esquema delictivo y las personas imputadas en el caso Coopeservidores.

El Ministerio Público encontró indicios suficientes de los delitos de administración fraudulenta y de estafa mayor para realizar 23 allanamientos y 10 detenciones, relacionados con el caso Coopeservidores. Todas estas acciones, llevadas a cabo este 4 de septiembre, se enmarcan dentro de la causa 24-000017-0621-PE, la cual fue abierta por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, a partir de varios hechos señalados por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). La Sugef, precisamente, ordenó la intervención de la entidad financiera ante el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el 13 de mayo pasado, luego de que detectó problemas contables, de gestión y administrativos que finalmente truncaron la viabilidad del negocio de la cooperativa.

¿Qué pasó este 4 de septiembre y cuáles fueron los hechos determinados por las autoridades judiciales para presumir un esquema defraudatorio, en medio de todo este proceso?

Esto es todo lo que se sabe hasta ahora. Las autoridades judiciales han allanado las instalaciones de Coopeservidores en dos ocasiones. La primera fue a finales de mayo pasado; la más reciente, este 4 de septiembre.

La Fiscalía dirigió 23 allanamientos en las provincias de San José, Alajuela y Heredia, este 4 de septiembre. Según informaron las autoridades judiciales, el despliegue se realizó para recolectar prueba relacionada con “aparentes delitos de administración fraudulenta y estafa mayor, en perjuicio de Coopeservidores”, entidad financiera que actualmente está en proceso de cierre ordenado. Más tarde, además, el Ministerio Público anunció la detención de 10 personas, las cuales quedaron a la espera de valoraciones individuales para la solicitud de medidas cautelares en su contra. Entre ellas, destacó el nombre de Óscar Hidalgo Chaves, quien fue gerente general de la entidad financiera por casi dos décadas, pero fue despedido sin responsabilidad patronal tan pronto como inició el proceso de intervención de la cooperativa, ante las irregularidades que encontró la Sugef. Además de Hidalgo, otras nueve personas presuntamente implicadas fueron detenidas por las autoridades judiciales, entre extrabajadores de Coopeservidores, de Coopefenix y de otra sociedad privada. A todos ellos se les tomó declaración indagatoria, según informó la oficina de prensa del Ministerio Público.

El fiscal general Carlo Díaz explicó que las gestiones realizadas buscaron “recabar evidencia y afianzar las investigaciones en el presente caso”. Óscar Hidalgo, quien fue gerente general de Coopeservidores desde 2006 hasta este 2024, se trató de una de las 10 personas detenidas este 4 de septiembre.

Presunto delito: El Ministerio Público considera que todas estas personas habrían estado implicadas en un plan fraudulento para desviar dineros de Coopeservidores a otra cooperativa, llamada Coopefenix, y beneficiarse de ello.

Según explicó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, la cúpula de Coopeservidores habría pagado a Coopefenix para la recuperación de parte de su cartera de crédito, a pesar de que esa entidad tenía como razón social actividades ferreteras y no tenía mayor experiencia en el campo contratado.

Asimismo, se le habrían pagado honorarios superiores a los que cobran otras empresas especializadas, por gestiones que “presuntivamente” no habría realizado.

“Tenemos registros de operaciones en las cuales, en apariencia, se da una recuperación de créditos o transacciones, pero cuando se constata con la recuperación como tal, el pago de comisiones no debía proceder, en virtud de que no se había generado tal recuperación de dineros”, detalló en un vídeo enviado a la prensa.

El jerarca de la policía judicial además añadió que se lograron certificar nexos familiares entre personas relacionadas con Coopeservidores y la dirigencia de Coopefenix. Por eso, señaló, se presume un “conflicto de interés”.

Los presuntos beneficios: Las autoridades judiciales determinaron posibles beneficios de esta alianza, en favor de la alta gerencia de Coopeservidores o sus círculos familiares. Entre ellos, mencionó la adquisición de vehículos de alto costo. Puntualmente, afirmó que se compraron 10 vehículos de alta gama, a través de una inversión total de $670.000.

Asimismo, señaló que se habrían otorgado otros beneficios a estas personas, como equipo informático, celulares y otros. Mientras se realizaban los allanamientos, un grupo de varias decenas de clientes de Coopeservidores que resultaron afectados por las irregularidades de la compañía realizaron una manifestación en el centro de San José.

¿Qué sigue? Ahora corresponderá al Poder Judicial ordenar y analizar la prueba recolectada, para continuar con las investigaciones del caso y evaluar la solicitud de que se abra un juicio. Los delitos de administración fraudulenta y el de estafa mayor son castigados con penas de seis meses a 10 años de prisión, cuando el monto defraudado supera los 10 salarios base. Asimismo, las penas se pueden agravar hasta por un tercio adicional cuando los hechos los realiza el apoderado, administrador o cualquier otra persona por medio de una empresa que obtenga sus recursos del ahorro del público.

Ambas penas están incluidas en el artículo 216 del Código Penal. Hasta el momento, el proceso de cierre de Coopeservidores por sus irregularidades administrativas ha provocado perjuicios para los clientes de la cooperativa, como la imposibilidad de acceder a algunos de sus ahorros o inversiones. Varias decenas de personas se manifestaron este 4 de septiembre en el centro de San José, solicitando que se sienten las debidas responsabilidades.

El Banco Popular adquirió parte de los activos de Coopeservidores, incluida una porción de su cartera de crédito no excesivamente deteriorada. Esto permitirá que todas las personas con ahorros en la cooperativa recuperen hasta ¢6 millones garantizados, cada una; así como un 50% de su dinero adicional, en caso de superar esa cifra. Los ahorrantes e inversionistas aún podrían recuperar un porcentaje superior a ese 50% de su dinero superior a ¢6 millones; sin embargo, esto dependerá de si se logra o no vender parte de los activos de Coopeservidores que no fueron adquiridos por el Popular a otra entidad interesada.

Resumen Ejecutivo:

El presunto fraude en Coopeservidores involucra delitos de administración fraudulenta y estafa mayor. El 4 de septiembre, se realizaron 23 allanamientos y 10 detenciones, incluyendo al exgerente general Óscar Hidalgo Chaves. Las investigaciones apuntan a un esquema para desviar fondos hacia otra cooperativa, Coopefenix, que carecía de experiencia en la recuperación de cartera de crédito, con honorarios excesivos y sin servicios prestados. Se detectaron conflictos de interés y beneficios personales, como la adquisición de vehículos de lujo. El Banco Popular adquirió parte de los activos de Coopeservidores, lo que permitirá a los ahorrantes recuperar parte de su dinero.

Posibles delitos en el caso de Coopeservidores son los siguientes:

1. Administración fraudulenta:
   • Desviación de fondos de Coopeservidores hacia otra cooperativa, llamada Coopefenix, a través de contratos irregulares. Este delito implica una gestión desleal y fraudulenta de los recursos de la cooperativa.
   • Pagos injustificados a Coopefenix para la recuperación de créditos, a pesar de que esta entidad no tenía experiencia en el campo financiero y no realizó las gestiones para las que fue contratada.
2. Estafa mayor:
   • El cobro de honorarios superiores a los del mercado por parte de Coopefenix por servicios que aparentemente no se realizaron o no correspondían al valor pagado.
   • Simulación de operaciones de recuperación de créditos que en realidad no generaron el retorno de fondos a Coopeservidores, lo que llevó al pago indebido de comisiones.
3. Conflicto de interés:
   • La existencia de vínculos familiares entre los directivos de Coopeservidores y los de Coopefenix, lo que sugiere que las decisiones financieras podrían haber sido tomadas en beneficio personal y no en el interés de la cooperativa.
4. Beneficios personales indebidos:
   • Adquisición de bienes de lujo, como 10 vehículos de alta gama, utilizando fondos de la cooperativa, lo que puede considerarse un uso indebido de los recursos de los ahorrantes.

Estos hechos, según las autoridades judiciales, constituyen indicios de delitos de administración fraudulenta y estafa mayor, ambos tipificados en el artículo 216 del Código Penal. Las penas pueden ser de seis meses a 10 años de prisión, y podrían agravarse si se demuestra que los responsables actuaron en su rol de administradores o apoderados de la entidad financiera.

Que dice el artículo 216 del Código Penal de Costa Rica

El artículo 216 del Código Penal de Costa Rica se refiere a los delitos de administración fraudulenta y estafa mayor. A continuación, te presento el texto de este artículo:

Artículo 216 – Administración fraudulenta y estafa mayor:

1. Administración fraudulenta:
   • Se impondrá prisión de seis meses a diez años a quien, en detrimento de los intereses de su mandante, representado, administrador, asociado, socio o del público, realice actos de disposición o administración que no haya autorizado, o que se aparten del mandato conferido, o que, mediante engaño, modifiquen o distorsionen el objeto o finalidad de dicho mandato.
2. Estafa mayor:
   • La estafa mayor es castigada con penas de seis meses a diez años de prisión cuando el monto defraudado exceda de diez salarios base.
   • Asimismo, las penas podrán incrementarse hasta un tercio adicional cuando los hechos sean cometidos por apoderados, administradores, o cualquier otra persona que maneje recursos provenientes del ahorro del público.

Este artículo establece las sanciones para aquellos que cometan actos que involucren el mal manejo de recursos de terceros, ya sea en el ejercicio de funciones administrativas o mediante engaños, con el objetivo de obtener beneficios personales o perjudicar los intereses de otras personas o entidades.

Lecciones aprendidas:

1. La importancia de la transparencia y la supervisión en el sistema financiero:

• La intervención inicial de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y su posterior decisión de informar al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), subraya la relevancia de contar con organismos de supervisión fuertes y activos. Su función no solo es monitorear indicadores financieros, sino también identificar irregularidades antes de que se conviertan en problemas graves.

2. Los primeros signos de alerta no deben ser ignorados:

• Los problemas contables, de gestión y administrativos, si bien pueden parecer manejables en un principio, pueden ser señales de problemas más profundos. En este caso, los primeros indicios llevaron a la intervención y finalmente a descubrir posibles delitos. Esto resalta la necesidad de actuar rápidamente ante señales de alerta.

3. El riesgo no siempre está limitado a la cartera de crédito:

• Inicialmente, la preocupación giraba en torno a una cartera riesgosa, lo cual es común en entidades financieras. Sin embargo, los riesgos operativos y de gobierno corporativo, como la administración fraudulenta, pueden tener un impacto devastador. Las entidades deben tener controles internos sólidos para evitar que el riesgo financiero se combine con riesgos de fraude.

4. La relación entre la ética y la sostenibilidad empresarial:

• El caso de Coopeservidores demuestra que la falta de ética en la gestión empresarial no solo afecta a los involucrados, sino también a clientes y socios. El comportamiento ético y la integridad son pilares fundamentales para la sostenibilidad de cualquier entidad financiera. La pérdida de confianza puede ser irreparable.

5. La importancia de los sistemas de control interno y auditoría:

• Este caso refuerza la necesidad de tener sistemas de control interno robustos y auditorías regulares e independientes. La supervisión interna puede ayudar a detectar irregularidades antes de que se conviertan en problemas judiciales.

6. El costo social de las malas prácticas financieras:

• Las malas prácticas no solo impactan a los actores principales de la empresa, sino que también afectan a los clientes, socios y la comunidad en general. La manifestación de personas afectadas por la situación de Coopeservidores es un recordatorio de las consecuencias sociales que pueden derivarse de una mala gestión.

7. La responsabilidad de los líderes empresariales:

• Los líderes de las entidades financieras tienen una gran responsabilidad no solo ante los accionistas o miembros, sino también ante la sociedad en general. La implicación de altos ejecutivos en este caso resalta la necesidad de contar con líderes que actúen con integridad y transparencia.

8. La relación entre la supervisión regulatoria y la acción judicial:

• Este caso ejemplifica cómo las acciones regulatorias, cuando detectan irregularidades, pueden llevar a investigaciones judiciales que desvelen comportamientos delictivos. Esto subraya la importancia de la colaboración entre los entes reguladores y el sistema de justicia.

9. Prevención mediante una cultura de cumplimiento:

• Una cultura organizacional enfocada en el cumplimiento normativo y en la ética puede prevenir muchos de los problemas que se presentaron en Coopeservidores. Las empresas deben promover el cumplimiento como un valor central, más allá de las obligaciones legales.

10. La responsabilidad de los auditores externos y el cumplimiento ético:

• Los auditores externos tienen la responsabilidad esencial de proporcionar una opinión independiente y objetiva sobre la razonabilidad de las cifras financieras de una entidad. Cuando se dictamina la razonabilidad de los estados financieros durante varios años, sin advertir sobre irregularidades significativas como las que se revelaron en este caso, surgen serias dudas sobre si los procedimientos de auditoría se llevaron a cabo de acuerdo con los estándares profesionales y éticos.
• Cumplimiento de estándares: Los auditores deben adherirse a los estándares internacionales de auditoría (ISA) y al código de ética profesional, que exige escepticismo, independencia y diligencia. Si no se identificaron señales de alerta en la gestión financiera, en las transacciones con terceros, o en las prácticas de gobernanza, podría implicar una falta de escepticismo o una evaluación insuficiente de los riesgos.
• Impacto de las omisiones: La falta de detección de irregularidades no solo afecta la credibilidad de la firma auditora, sino que también tiene consecuencias graves para los interesados de la entidad, como clientes, inversores y reguladores, que confían en los auditores externos como una línea de defensa clave contra fraudes y malas prácticas.
• Ética profesional: El caso plantea dudas sobre el cumplimiento de los lineamientos éticos de la profesión, como los principios de integridad, objetividad y responsabilidad pública. Si se pasaron por alto irregularidades, podría señalar una falta de adherencia a estos principios, lo que requiere una investigación y posibles sanciones.
• Reflexión final de la responsabilidad de los auditores externos: Este caso subraya la responsabilidad crítica de los auditores externos para asegurar que sus informes reflejen fielmente la realidad financiera de la entidad. Si no se cumplen los estándares éticos y técnicos, los auditores pueden ser considerados parcialmente responsables de las consecuencias financieras y sociales derivadas de la situación. Además, destaca la importancia de que las firmas auditoras revisen sus prácticas internas para asegurar el cumplimiento de los más altos estándares de calidad y ética.

Mi reflexión:

Como contador público, esta situación refleja la importancia crucial de la ética, la responsabilidad y el rigor profesional en nuestra labor diaria. Más allá de los números y los estados financieros, nuestro trabajo impacta directamente en la confianza que las personas y las instituciones depositan en nosotros. Este caso subraya la necesidad de mantener un control interno sólido y un cumplimiento estricto de las normas contables y legales, para prevenir que irregularidades de esta magnitud afecten tanto a los clientes como a la estabilidad de una organización.

Es esencial que recordemos siempre nuestro papel como guardianes de la transparencia y la honestidad en el ámbito financiero. Las decisiones que tomamos y los informes que emitimos no solo deben reflejar la realidad económica de una entidad, sino también contribuir a su integridad y sostenibilidad a largo plazo. Como profesionales, tenemos el deber de elevar los estándares de nuestra práctica, asegurándonos de que cada acción esté guiada por los principios éticos que definen nuestra profesión.

Atentamente,
Jorge Gutiérrez Guillén (CPA)