Asociaciones solidaristas: así se conforman y se controlan sus juntas directivas (y la idoneidad de sus miembros) 

Las Juntas Directivas de las Asociaciones Solidaristas en Costa Rica: Supervisión, Funciones y Desafíos 

Las juntas directivas de las asociaciones solidaristas en Costa Rica deben estar conformadas por al menos cinco miembros, quienes ocupan los cargos de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocal. Estos miembros son elegidos por la asamblea general de asociados, el máximo órgano de cada asociación, en una asamblea general ordinaria. La Ley de Asociaciones Solidaristas (Ley 6970) establece que los integrantes de la junta directiva pueden ser reelegidos indefinidamente, con mandatos que no excedan los dos años. Además, en estas juntas, la diferencia entre el número de hombres y mujeres no debe ser superior a uno. 

Para integrar la junta directiva, los candidatos deben ser trabajadores mayores de edad afiliados a la asociación, excluyendo a representantes patronales como directores, gerentes o auditores. No se exige formación académica en áreas como contabilidad o administración, aunque algunas asociaciones han implementado requisitos de idoneidad, como conocimientos financieros, en busca de una mejor gestión. La ley permite que el patrono designe un representante para asistir a las asambleas, pero este no tiene derecho a voto. 

En cuanto a sus funciones, la junta directiva es responsable de la administración diaria, la gestión de los fondos y la implementación de las decisiones tomadas por la asamblea general. Las resoluciones de la junta son válidas cuando son aprobadas por la mayoría de los presentes en una sesión, que debe contar con al menos la mitad más uno de sus miembros. En caso de empate, el presidente tiene un voto de desempate. 

La supervisión de las juntas directivas recae en la asamblea general de asociados, los órganos de fiscalía y, cuando es necesario, auditorías internas o externas. A pesar de esta supervisión, cada asociación tiene autonomía, lo que puede dar lugar a variaciones en los niveles de control y gobernanza corporativa. Con el fin de mejorar estos aspectos, la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol) promueve la profesionalización de las juntas directivas a través de programas de formación, como el Galardón Solidarista y el Técnico en Gestión de Asociaciones Solidaristas. 

Uno de los principales desafíos que enfrentan las asociaciones solidaristas es el riesgo operativo, que implica pérdidas económicas derivadas de errores administrativos o la falta de controles internos adecuados. Aunque implementar estos controles puede reducir la exposición a riesgos, también puede impactar en la rentabilidad de los asociados, generando un dilema entre garantizar una buena administración y mantener beneficios económicos para los afiliados. 

Fuente: El Financiero

Nuestro comentario  

El hecho de que las juntas directivas de las asociaciones solidaristas sean elegidas por medio de asambleas generales sin exigir necesariamente que los miembros tengan conocimientos técnicos o experiencia en áreas clave, como finanzas o control interno, plantea un reto significativo para la gestión y supervisión de estas organizaciones. Desde el punto de vista de los controles internos, la ausencia de personal idóneo puede derivar en una administración más vulnerable a errores, decisiones ineficaces o, en el peor de los casos, irregularidades en la gestión de los fondos de la asociación. 

Por otro lado, en términos de proyección financiera y maximización de los rendimientos económicos, esta estructura de elección popular puede dificultar la implementación de estrategias financieras sólidas. La falta de profesionales capacitados en las áreas críticas de gestión puede limitar la adopción de buenas prácticas administrativas, lo que afecta directamente la capacidad de la asociación para generar rendimientos sostenibles a largo plazo. En este sentido, sería recomendable que las asociaciones solidaristas adopten políticas que promuevan la formación de los miembros electos o, al menos, que se busquen consultores externos que apoyen la gestión financiera, lo cual balancearía la naturaleza democrática de la elección con la necesidad de garantizar una administración efectiva y segura.