Aprueban ley que regula casinos, notarios y contadores públicos
Aprueban ley que regula casinos, notarios y contadores públicos
En primer debate
Los diputados cumplieron las exigencias que dictó la GAFI en 2015 y Costa Rica evitó caer en una lista gris.
Los diputados dieron primer debate a un proyecto que busca actualizar la Ley de Estupefacientes y Psicotrópicos con el fin de cumplir la normativa que establece el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Estas modificaciones son urgentes para evitar que este organismo incluya al país en una lista gris de naciones no cooperantes contra acciones de crimen organizado como estas, donde hoy se encuentran territorios como Iraq, Irán, Siria y Afganistán.
La premura se dio porque el martes 25 de abril, el país debe enviar un informe escrito a la GAFI describiendo los avances, sumado a una defensa oral en la ciudad de Miami el 10 de mayo.
Luego que el martes el diputado Óscar López interpuso más de 60 mociones al proyecto, debido a que se estaba incumpliendo el reglamento legislativo al abrir el Plenario a comisión general e introducir cambios al texto que no habían sido consultados a las partes afectadas, como los colegios profesionales de Abogados, Contadores Públicos y de la Asociación Bancaria, este jueves el legislador retiró las mociones luego que el Poder Ejecutivo acató las recomendaciones de los representantes de los gremios.
La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) también había mostrado dudas del proyecto y abogó por los cambios que al final fueron acogidos. Con esta nueva normativa, el país busca cerrar portillos que actividades profesionales liberales podrían tener en el financiamiento de actividades como el terrorismo y/o el lavado de capitales.
Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), indicó que dentro de estas actividades vulnerables están los casinos, agentes inmobiliarios, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, contadores y otros profesionales independientes, quienes pueden verse implicados en una operación de lavado de dinero por el tipo de actividad que realizan al transar bienes de alto valor, que podrían ser adquiridos con dinero en efectivo producto de actividades ilícitas.
