Caso Coopeservidores: Fiscalía solicitó un año de prisión preventiva en contra de exgerente Óscar Hidalgo
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos ha solicitado un año de prisión preventiva para cuatro imputados relacionados con el caso de Coopeservidores, incluidos el exgerente general de la cooperativa, Óscar Hidalgo, y otros tres implicados: Lozano Galindo, exgerente de la Dirección de Finanzas, y los hermanos Mora Arias, quienes ocupaban roles clave en la Cooperativa de Servicios Múltiples Fénix de Costa Rica (Coopefénix R.L.) y la empresa Servicios de Cobro, Logística y Administración (SCLA S.R.L.). Estos individuos están acusados de delitos relacionados con administración fraudulenta y estafa mayor, lo que ha llevado a esta solicitud de medidas cautelares severas.
Por otro lado, en el caso de otros siete sospechosos, la Fiscalía pidió medidas cautelares como la obligación de firmar dos veces al mes, entregar sus pasaportes, la prohibición de salir del país y la restricción de contacto con testigos o peritos de la investigación. Esta petición refleja la magnitud del caso y la gravedad de las acusaciones que enfrenta la cooperativa.
La audiencia judicial del 6 de septiembre concluyó con la exposición del Ministerio Público, y se reanudó el sábado 7 de septiembre con los argumentos de los abogados defensores de los 12 imputados. Este proceso es parte de una investigación que comenzó con allanamientos el 4 de septiembre, realizados en viviendas y locales comerciales por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual. Los allanamientos forman parte de la investigación sobre los aparentes delitos de administración fraudulenta y estafa mayor que perjudicaron a Coopeservidores.
Durante los allanamientos, la Fiscalía ordenó la detención de 10 personas, entre las que se incluyen exfuncionarios clave de Coopeservidores como Hidalgo Chaves, gerente general; Lozano Galindo, gerente de Finanzas; Chinchilla Villalta, jefe de Servicios Generales y Seguridad; Mora Sánchez, gerente del Área Legal; Torres González, jefe de Cobros; y Bejarano Barquero, jefe de Operaciones. Además, también fueron detenidos Mora Arias, representante de SCLA S.R.L., y tres personas de Coopefénix: Quesada Muñoz, primer gerente general; Corredera Ramos, segunda gerente general; y otro empleado, también de apellidos Mora Arias.
La Fiscalía confirmó que una persona de apellidos Gutiérrez Mora, representante de la empresa RGM Servicio de Limpieza, se presentó voluntariamente el 5 de septiembre y fue detenida de inmediato para tomar su declaración indagatoria. Este caso ha captado una atención considerable debido a la complejidad de las acusaciones y la cantidad de personas implicadas, lo que resalta la importancia de la transparencia y la gestión adecuada en entidades financieras como Coopeservidores.
Fuente: El Financiero
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La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos solicitó un año de prisión preventiva contra Óscar Hidalgo, exgerente general de Coopeservidores, y tres imputados más, en el marco de una investigación por delitos de administración fraudulenta y estafa mayor. Esta solicitud está vinculada a las irregularidades detectadas dentro de la cooperativa, lo que ha derivado en detenciones y allanamientos a inicios de septiembre. Además, otros siete sospechosos enfrentan medidas cautelares como la entrega de pasaportes y la obligación de firmar periódicamente ante las autoridades, lo que refleja la gravedad del caso y la amplitud de la investigación.
Este proceso legal subraya la importancia de la gestión transparente y el cumplimiento de los controles financieros en entidades cooperativas. Las cooperativas, al ser instituciones clave para muchas economías locales, requieren un manejo ético y transparente para mantener la confianza pública. En este sentido, el caso Coopeservidores resalta las consecuencias que pueden tener las malas prácticas administrativas en organizaciones de gran impacto social, no solo a nivel interno, sino también para los socios y la estabilidad del sistema financiero.
El hecho de que la investigación haya involucrado a múltiples funcionarios de alto nivel, así como a otras empresas y cooperativas relacionadas, destaca la complejidad de la red de operaciones bajo escrutinio. A largo plazo, este tipo de investigaciones y procesos judiciales son fundamentales para fortalecer la confianza en el sistema financiero y para asegurar que entidades cooperativas operen bajo estrictas normativas éticas y legales. Sin duda, el desenlace de este caso marcará un precedente importante para otras instituciones que pudieran estar bajo supervisión.
