«Crisis de Coopeservidores: Del Cierre Financiero a las Demandas Judiciales»
El 21 de junio, la intervención de Coopeservidores (conocida como CS Ahorro y Crédito) concluyó cuando sus responsables determinaron que la operación financiera era inviable y recomendaron comenzar un proceso de resolución. No obstante, el conflicto aún no ha finalizado y se está trasladando al ámbito judicial.
Por una parte, el Ministerio Público ya ha iniciado causas para establecer responsabilidades por la caída de la institución financiera. Por otra parte, los primeros reclamos de los asociados que desean recuperar su dinero ya están llegando a los tribunales.
El proceso de intervención comenzó después de que la Sugef detectara inconsistencias en la información de Coopeservidores sobre su cartera de crédito. Este es uno de los hechos que se están investigando. Además, ahora se suman reclamos relacionados con la validez de los productos financieros adquiridos por los asociados, el nivel de prioridad que tendrán al intentar recuperar sus fondos, y la capacidad de Sugef y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) para identificar las irregularidades en la entidad financiera, entre otros asuntos.
Causas Judiciales
La oficina de prensa del Ministerio Público ha confirmado que existen al menos tres expedientes penales relacionados con el Caso Coopeservidores: uno enfocado en la administración de la cooperativa; otro, en la supervisión por parte de Sugef y Conassif; y el tercero, en un caso particular.
- Foco en Coopeservidores
La primera de las causas judiciales (24-000017-0621-PE) es tramitada por la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual, por el presunto delito de reducción de la pena.
Este expediente se abrió tras una denuncia presentada por los propios asociados de la Cooperativa, y posteriormente fue ampliada por Sugef una vez iniciado el proceso de intervención relacionado con las presuntas irregularidades en los registros contables de la cartera de crédito de la entidad financiera.
«Esta denuncia inicial fue hecha por la misma entidad cuando efectuó toda la reclasificación de la cartera de crédito en febrero de este año, ordenada por Sugef», explicó Marco Hernández, actual encargado del proceso de resolución y administrador de la cooperativa, en una conferencia de prensa. «Posteriormente, la Superintendencia amplió la denuncia, identificando a los posibles responsables de la situación, y nosotros, como Interventoría, simplemente ampliaremos aún más la denuncia tras una serie de hallazgos».
EF consultó a Sugef sobre la lista de posibles responsables, pero la entidad respondió que no es posible proporcionar esa información por el momento.
Durante el proceso de intervención, los responsables despidieron sin responsabilidad patronal al exgerente general Óscar Hidalgo, quien llevaba 16 años en el cargo. Como parte de esta causa, el Ministerio Público allanó las oficinas centrales de la entidad financiera, así como otros inmuebles, el pasado 29 de mayo.
El delito de reducción de la pena se refiere a la alteración de registros contables o al envío de información falsa o inexacta a Sugef, con el fin de «ocultar la verdadera situación financiera o los riesgos» de una entidad, según la Ley Orgánica del Banco Central (7.558). Según el Ministerio Público, todavía no hay imputados por esta causa.
- Sobre Sugef y Conassif
El segundo expediente (24-000194-1218-PE) es llevado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción. Este organismo inició sus investigaciones de oficio para determinar si Conassif y Sugef actuaron oportunamente para proteger los intereses de los clientes de Coopeservidores o si, por el contrario, incurrieron en el presunto delito de incumplimiento de deberes.
El artículo 339 del Código Penal (4.537) establece que este delito corresponde a los funcionarios que, en perjuicio de terceros, «omiten, rehúsan hacer o retardan» algún acto propio de su función.
Esta causa se abrió el 24 de mayo y, según el Ministerio Público, aún no tiene personas imputadas.
Sugef asegura no haber recibido notificación alguna hasta el momento, pero se pondrá a disposición del Poder Judicial si es requerido.
- Sobre un particular
Finalmente, la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José abrió una causa (22-019171-0042-PE) en 2022 contra tres personas apellidadas Rodríguez Suárez, Rivera Ortiz y Bastos Ugalde, denunciadas por el presunto delito de falsedad ideológica (emisión de declaraciones falsas en documentos públicos o auténticos).
Según informó Teletica, este caso se originó por la denuncia de Rafael Núñez, quien alertó que la cooperativa habría tramitado un crédito a su nombre, por un monto entregado a un tercero, a pesar de que solo había gestionado una póliza.
Reclamos de Asociados
El Poder Judicial está abordando múltiples casos para determinar responsabilidades en el asunto de Coopeservidores. Al mismo tiempo, asociados perjudicados están presentando reclamaciones para asegurar la prioridad en la recuperación de sus fondos y para impugnar la validez de productos financieros adquiridos a través de la cooperativa.
Kendall Ruiz, de la firma legal Aselecom Abogados, representa tanto a asociaciones solidaristas como a individuos que reclaman un total de más de ¢6 mil millones. Demandas civiles han sido interpuestas para asegurar que estas asociaciones tengan prioridad en la recuperación de activos, basándose en irregularidades reportadas en la información financiera proporcionada por Coopeservidores.
Otros asociados, organizados bajo el grupo «Dirigentes de Inversores y Asociados de Coopeservidores», esperan participar como querellantes en las investigaciones penales en curso. Este grupo representa a más de 1,600 personas afectadas, con inversiones superiores a ¢6 millones.
Vías de Reclamo
Tanto Ruiz como Luis Marín coinciden en cuestionar la gestión de Coopeservidores y la supervisión realizada por Sugef y Conassif. Se discute la opción de iniciar procesos contenciosos administrativos para determinar la responsabilidad del Estado por las deficiencias en la supervisión. Sugef ha defendido sus acciones durante la crisis financiera de Coopeservidores, atribuyendo la inviabilidad de la cooperativa a la mala gestión y la falta de transparencia por parte de su administración.
Se aguarda una respuesta de Sugef y del organismo de resolución de Coopeservidores para obtener más detalles sobre la actuación de los interventores y posibles conflictos de interés.
La intervención de Coopeservidores, que culminó el 21 de junio tras declararse inviable su operación financiera, marca el inicio de un complejo proceso judicial y regulatorio. A medida que el Ministerio Público avanza en las investigaciones para determinar responsabilidades por las irregularidades financieras, los asociados afectados también han comenzado a movilizarse, buscando recuperar sus fondos y impugnar la validez de productos financieros adquiridos. Este escenario refleja no solo los desafíos internos de la cooperativa en la gestión de sus recursos, sino también posibles fallas en la supervisión por parte de entidades regulatorias como Sugef y Conassif.
Autor: Jorge Gutiérrez Guillén
Fuente: El Financiero
