¿Cuáles préstamos llegan más a cobro judicial? Estos son los datos
El cobro judicial es una instancia temida tanto por deudores como por acreedores. Para quienes deben dinero, significa una posible pérdida de bienes y un daño en su historial crediticio. Para los bancos y entidades financieras, es un proceso largo y costoso con un desenlace incierto. Pero, ¿qué tipos de préstamos son los que más llegan a esta situación? Un análisis del sistema financiero supervisado revela las tendencias más impactantes.
El peso del cobro judicial en el sistema financiero
A noviembre del 2024, el sistema financiero supervisado registraba ₡298.406 millones en cobro judicial, lo que equivale al 1,15% de la cartera crediticia total, según datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Aunque la mayor cantidad de préstamos en cobro judicial pertenece a personas físicas, proporcionalmente, los créditos empresariales son los que más ingresan a esta categoría.
Los préstamos empresariales representan el 9,8% de la cartera vigente, pero en la cartera de cobro judicial su peso sube hasta el 25,2%. Esto, según Bernardo Alfaro, exsuperintendente de la Sugef, se debe a que estos créditos suelen contar con garantías prendarias, hipotecarias o fiduciarias, lo que incentiva a los acreedores a iniciar procesos judiciales para recuperar su dinero.
Además, esta tendencia podría reflejar la alta tasa de mortalidad de las pymes, ya que muchas no logran sobrevivir más de cinco años. Un informe del Programa Estado de la Nación 2023 indicó que la probabilidad de que una microempresa sobreviva cinco años es del 53%, mientras que en las pequeñas empresas es del 76%.
Si comparamos con datos anteriores, se observa que en los últimos cinco años ha habido un aumento progresivo en la cantidad de préstamos en cobro judicial, lo que sugiere una creciente dificultad de pago en algunos sectores.
Testimonios y casos reales
Para ilustrar el impacto de esta tendencia, analizamos el caso de un empresario del sector comercial que, tras solicitar un préstamo para expandir su negocio, se vio afectado por la desaceleración económica. «Invertimos en maquinaria y personal, pero la baja en las ventas nos impidió cumplir con los pagos. Ahora estamos en un proceso de cobro judicial y es una carga emocional muy fuerte», comenta el afectado.
Otro testimonio relevante es el de una persona que adquirió un crédito de vivienda con garantía hipotecaria, pero tras perder su empleo no pudo continuar pagando. «Intenté renegociar, pero al final el banco inició el proceso judicial. Ahora estamos buscando opciones para evitar perder nuestra casa», explica.
Impacto en la economía
El aumento en los préstamos en cobro judicial no solo afecta a los deudores y a los bancos, sino que también tiene repercusiones en la economía en general. Cuando los niveles de mora suben, las entidades financieras deben destinar más recursos a la recuperación de deudas, lo que puede llevar a un endurecimiento de los requisitos para otorgar nuevos créditos.
Además, una cartera de crédito deteriorada puede traducirse en tasas de interés más altas para nuevos solicitantes, lo que limita el acceso a financiamiento, en especial para pequeños emprendedores y consumidores de bajos ingresos.
Cómo enfrentar un proceso de cobro judicial y salir de la deuda
Si una persona ha sido llevada a cobro judicial, existen pasos que puede seguir para manejar la situación y evitar consecuencias mayores:
- Revisión del expediente: Es fundamental revisar los documentos judiciales y asegurarse de que la deuda sea legítima y que los montos sean correctos.
- Negociación con el acreedor: En muchos casos, las entidades están dispuestas a negociar nuevas condiciones de pago para evitar un largo proceso judicial.
- Asesoría legal: Buscar ayuda de un abogado especializado en derecho financiero puede ayudar a encontrar opciones legales para minimizar el impacto de la deuda.
- Acogerse a un arreglo de pago: En Costa Rica, la Ley de Cobro Judicial permite que el deudor llegue a acuerdos con su acreedor para fraccionar la deuda y evitar la ejecución de bienes.
- Refinanciamiento: Si es posible, el deudor puede solicitar un refinanciamiento con otra entidad que ofrezca mejores condiciones.
- Declaración de insolvencia: En casos extremos, un deudor puede acogerse a la Ley Concursal para declarar su insolvencia y reestructurar sus obligaciones financieras.
Marco legal del cobro judicial en Costa Rica
El cobro judicial en Costa Rica se rige por varias leyes y normativas que protegen tanto a los acreedores como a los deudores. Algunas de las principales leyes incluyen:
- Código Procesal Civil: Regula el procedimiento para la ejecución de deudas en tribunales.
- Ley de Cobro Judicial (N.º 8624): Establece los mecanismos de cobro y derechos de los deudores.
- Ley Concursal de Costa Rica: Permite que las personas y empresas en crisis financiera soliciten una reestructuración de sus deudas.
- Ley de Protección al Consumidor: Ofrece ciertos derechos a los deudores frente a prácticas abusivas de cobro.
Conclusión
El cobro judicial es una herramienta utilizada por las entidades financieras para recuperar préstamos impagos, pero su impacto va mucho más allá de un simple procedimiento legal. Afecta tanto a los deudores, que pueden ver comprometidos sus bienes y su historial crediticio, como a las entidades financieras, que deben invertir tiempo y recursos en estos procesos. Además, el aumento en la morosidad y en los créditos llevados a tribunales tiene implicaciones económicas significativas, ya que puede endurecer las condiciones para acceder a nuevos financiamientos, impactando a sectores clave como las pequeñas y medianas empresas y a los consumidores de menores ingresos.
Es fundamental que tanto los deudores como los acreedores exploren alternativas para evitar llegar a esta instancia. La renegociación de deudas, el refinanciamiento y la búsqueda de acuerdos de pago son herramientas valiosas que pueden evitar el deterioro financiero y las consecuencias legales del cobro judicial. Además, los consumidores deben fortalecer su educación financiera para gestionar mejor sus obligaciones y evitar el sobreendeudamiento.
Por otro lado, las instituciones financieras tienen la responsabilidad de aplicar análisis de riesgo adecuados antes de otorgar créditos y de desarrollar estrategias de mitigación para evitar una alta exposición a la morosidad. Al mismo tiempo, el gobierno y las entidades reguladoras deben monitorear el comportamiento del sistema financiero y proponer políticas que fomenten el acceso responsable al crédito y mecanismos de protección tanto para acreedores como para deudores.
El cobro judicial seguirá siendo una realidad en el sistema financiero, pero su impacto puede reducirse con mejores prácticas en la gestión del crédito, una mayor educación financiera y la implementación de políticas de prevención y negociación. En última instancia, el objetivo debe ser un sistema de crédito más saludable, que beneficie tanto a quienes prestan como a quienes reciben financiamiento.
Fuente Principal el Financiero
Compilado por Jorge Gutiérrez Guillén
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