Desyfin y Coopeservidores: el país vivió dos intervenciones en tres meses. ¿Qué dice esto de los supervisores y del sistema financiero

En cuestión de tres meses, Coopeservidores y Desyfin fueron intervenidos por los reguladores, una seguidilla de turbulencias que no se veían en el sistema desde hacía unos 25 años. Sin embargo, esto no ha sido lo único que ha agitado el panal de la supervisión. 

A los casos de las dos entidades intervenidas también se le han sumado polémicas —de menor envergadura, eso sí, pero no por ello benignas— en algunos de los principales bancos del país (o sus subsidiarias). 

Por ejemplo, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) recientemente colocó en irregularidad 1 al Banco Popular por, entre otras razones, debilidades encontradas en su Junta Directiva, máximo órgano de dirección. 

También está el caso de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI), entidad a la cual los supervisores del mercado de valores le giraron cinco medidas para evitar que caiga a un nivel en el que sea inviable su operación. Esto tras compras de inmuebles aparentemente con altos sobreprecios. Entre esas medidas estuvo solicitar que el BCR le inyecte aportes de capital a su subsidiaria por hasta ¢22.000 millones. 

Tampoco se puede ignorar —aunque es un problema a menor escala— que hace menos de un año al Banco Nacional, el más grande del país, le robaron alrededor de ¢3.300 millones desde adentro sin que nadie se diera cuenta. 

¿Supervisión en funcionamiento? 

Para Rocío Aguilar, jerarca de Sugef, y Laura Suárez, presidenta del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), las intervenciones de Coopeservidores y Desyfin son muestras de que el modelo de supervisión está funcionando, pues han detectado estas irregularidades en lugar de dejarlas pasar. 

“Estos casos lo que demuestran es que la supervisión está ejerciendo su papel y efectivamente está vigilante de acciones que se puedan dar en los supervisados que sean contrarias no solo a la normativa sino a las mejores prácticas”, dijo Aguilar en la conferencia de prensa del 13 de agosto, cuando se anunció la intervención de Desyfin. 

“Deben estar las entidades supervisadas, así como todos los consumidores financieros, muy claros y seguros de que cuando el Consejo deba actuar, lo hará como lo está haciendo hoy”, agregó Suárez en el mismo evento. 

Pero también se puede ver desde el ángulo contrario: si dos intervenciones se juntaron en tan poco tiempo, puede ser síntoma de que algo esté fallando dentro del sistema, incluida la misma supervisión. Por el momento, las autoridades descartaron que haya un riesgo sistémico, es decir, que se pueda propagar hacia más entidades de mayor tamaño o que responda a factores macroeconómicos. 

No obstante, no deja de ser llamativa la proximidad de los eventos, en especial cuando no se veían intervenciones tan seguidas desde finales de la década de los 90 y principios de los 2000, cuando la supervisión empezó a ser más estricta y hubo entidades que no pudieron cumplir con las nuevas exigencias. 

Similitudes entre intervenciones 

A primera vista, no debería de haber una conexión clara entre lo que pasó con Coopeservidores y Desyfin, por lo menos en lo que a contagio se refiere: una está enfocada en créditos de consumo de personas físicas —empleados públicos— y otra en préstamos empresariales; sus públicos meta probablemente no se interpolan (aunque puede que algunos depositantes sí). 

Sin embargo, sí hay algo en lo que se parecen: el modus operandi que derivó en la intervención. En ambos casos la Superintendencia denunció el ocultamiento de la información financiera por parte de las entidades, la subvaluación de las estimaciones y el pobre manejo de riesgos. De hecho, si uno compara la justificación del Conassif para las dos intervenciones, lado a lado, se encuentran algunas similitudes. Lo pueden ver a continuación: 

Los reguladores culpan principalmente a la administración de ambas entidades. “Estos casos tendrán algunas diferencias y algunas semejanzas (…), pero lo que estamos es ante situaciones que obedecen fundamentalmente a la mala calidad de gobierno corporativo de estas entidades”, acusó Aguilar. 

Esta fue una idea que secundó Suárez: “En tanto que las entidades supervisadas cumplan responsablemente, como es su deber, con la normativa, manejen una información financiera de calidad y aporten para que se lleve a cabo también esa supervisión en forma efectiva, no deberían nunca llegar a ubicarse en una situación tan complicada como la que hemos visto en el caso de hoy (Desyfin)”, dijo la jerarca del Conassif. 

Las auditorías, tanto internas como externas, también fueron criticadas. La primera fue llamada “débil” por Aguilar, mientras que a la segunda se le reclamó no haber señalado con peso suficiente los posibles problemas de controles internos como para generar un “dictamen negativo”. 

“Parece que hay un trabajo importante que hacer con las auditorías externas, sobre todo porque, de acuerdo a nuestra normativa, están en la obligación de denunciar ante la Superintendencia cuando se encuentran con actos irregulares”, dijo Aguilar. 

De efectivamente tratarse de un problema achacable a la idiosincrasia particular de estas entidades y sus auditorías, esto también genera incógnitas alrededor del sistema de supervisión. 

José Luis Arce, expresidente del Conassif, no culpa a los reguladores de lo sucedido, pero sí considera que es necesario un espacio de autocrítica. “Como supervisor, la primera pregunta que yo me haría es: ¿qué he estado haciendo distinto en los últimos meses que me haya hecho descubrir estos eventos tan particulares? ¿He cambiado mis rutinas de supervisión? La siguiente que me haría es: ¿las reformas recientes de la regulación prudencial han sido correctas o he sometido a las entidades a estrés excesivo en ciertos elementos? ¿Estoy supervisando sobre una base distinta?”, dice Arce. 

¿Sin dientes? 

La Sugef tiene las potestades de vigilar a las entidades financieras por medio de mecanismos de inspección, monitoreo y análisis. Estos se hacen desde revisiones diarias (con el tema de la liquidez) hasta chequeos anuales (las visitas in situ a los bancos). También puede exigirle a los supervisados planes de acción para subsanar debilidades en caso de encontrarlas. Sin embargo, para ciertos temas todavía le hacen falta dientes. 

Por ejemplo, no tiene el poder de exigir la desvinculación de miembros del órgano de dirección o gerencia de una entidad, solo puede recomendarlo. Está es una debilidad que el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha señalado, según la superintendenta. 

También este es uno de los conflictos recientes con el Banco Popular, ya que la Sugef recomendó la destitución de tres directivos de dicho intermediario, entre ellos al mismo presidente de la Junta Directiva, mas no exigió; no puede hacerlo. 

Con Desyfin también parecen haberse dado situaciones similares. Aguilar mencionó que a la financiera se le advirtieron los riesgos de tener un órgano de dirección compuesto por miembros de una misma familia, “lo cual siempre genera una serie de conflictos”, pero eso no los salvó de la intervención, una instancia que ninguna entidad ha sobrevivido para contarla. 

El poder de exigir podría poner en línea algunas de las debilidades de las entidades, pero Arce considera que debería hacerse con sus contrapesos, con el fin de que no pueda convertirse en una herramienta, por ejemplo, política. 

Según confirmó Aguilar, ya se tramita un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que, entre otras cosas, le da ese poder de revocación a los supervisores. 

¿Qué significa esto para el sistema financiero? 

Dos intervenciones tan seguidas no son buena publicidad para el sistema financiero. Eso lo puede deducir cualquiera, en especial cuando se trata de elementos similares en cuanto a modus operandi, como ya se mencionó. 

Aguilar admitió que este proceso le ha enseñado puntos de mejora a la Sugef. Como consecuencia, dicen haber desplegado más tecnología en su supervisión para hacer incursiones más incisivas en la información crediticia de las entidades, ya que esta parece haber sido tergiversada en los casos de intervención. 

“En revisiones que hemos realizado de manera generalizada no estamos frente a casos de esta envergadura o naturaleza”, dijo la superintendenta, quien también agregó que en dichas evaluaciones se han encontrado con algunas otras entidades que necesitan ajustar sus estimaciones, pero no a un nivel preocupante ni tampoco por razones “fraudulentas, como las que hemos visto en algunos casos”. 

Arce coincide con los supervisores en que probablemente se trate de un problema particular de estas entidades y no de un virus ya arraigado, pero mantiene que el sistema no puede bajar la guardia cuando pasan sucesos como estos así de seguidos. A pesar de que la evidencia de hoy apunta a un problema particular de solo dos intermediarios, se está sometiendo a una parte del sistema financiero a un nivel de estrés importante que podría hacer más mella de la cuenta. 

“Por ejemplo, al resto de cooperativas les está costando financiarse, los costos han aumentado, inversiones institucionales, individuales o asociaciones solidaristas que han financiado a esos segmentos se están retirando. Eso puede generar un problema en donde no lo hay”, dice el exjerarca del Conassif. 

También menciona que ahora las superintendencias deberían trabajar junto al Banco Central para tratar de dar un alivio, tanto al público, en su nerviosismo, como a las entidades financieras. “Van a tener que encontrar algunos mecanismos para relajar ciertas normas, para proveer liquidez al sistema, para acelerar el proceso de relajamiento de la política monetaria, porque son muchas cosas juntas que podrían no tener ningún efecto en tiempos normales, pero dos casos así ya ponen nerviosa a la gente. Es mejor actuar antes, aunque no se necesite, que después tener que actuar de emergencia”, dice. 

En cuanto al público, la recomendación es no caer en pánico, un consejo que en un contexto como el actual suena ineludiblemente hipócrita; nadie quiere perder su dinero y el miedo es una respuesta natural ante casos así. No obstante, sigue siendo la mejor opción. 

El pánico es uno de los peores enemigos en casos de incertidumbre financiera y, si se esparce, puede derivar en peores consecuencias, como una corrida bancaria (no es que haya evidencia de ella, es importante subrayar). Es muy difícil que una entidad financiera, por más fuerte que sea, pueda soportar un retiro masivo de sus depositantes. 

De momento, todavía no hay suficientes respuestas para dimensionar categóricamente hacia dónde nos van a llevar estos sucesos. Independientemente de si se trata de una supervisión que funciona y por eso se encontraron los casos de Coopeservidores y Desyfin ―asilados y sin contagio—, o que, por el contrario, el sistema tiene debilidades y por ello es que ocurren estos sucesos; la realidad es que es difícil pedirle a las personas que se sientan hoy más seguras con sus ahorros que hace un año. 

Fuente: El Financiero

Nuestro comentario 

Las auditorías externas de los estados financieros de Desyfin, realizadas por Deloitte, no identificaron irregularidades significativas en la contabilidad de la empresa, lo cual generó críticas por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef). Mientras los auditores emitieron una opinión limpia en 2023, Sugef, en un estudio realizado hasta enero de 2024, detectó inconsistencias contables, ocultamiento de la mora real y subvaluación de las estimaciones crediticias. Ante esto, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó la intervención de Desyfin el 13 de agosto de 2024. 

El informe de Sugef, que examinó una muestra de 25 deudores con un saldo adeudado de ¢26.404 millones, concluyó que 21 de ellos debían reclasificarse a una categoría de mayor riesgo, requiriendo un aumento de ¢6.465 millones en las estimaciones crediticias. Adicionalmente, se encontraron 41 operaciones con días de mora inferiores a los reales, lo que implicó un incremento adicional de ¢3.138 millones en las provisiones necesarias. A pesar de que estos temas eran críticos, la auditoría de Deloitte no les dio suficiente peso, según la superintendenta de Sugef, Rocío Aguilar, quien destacó la necesidad de que las auditorías externas reporten irregularidades a las autoridades. 

La discrepancia entre las conclusiones de Sugef y Deloitte subraya la necesidad de mejorar la rigurosidad y transparencia en las auditorías externas del sector financiero. Este caso evidencia limitaciones en la evaluación de riesgos internos y la detección de irregularidades, lo que es esencial para mantener la confianza en el sistema financiero. Las auditorías deben ir más allá de la simple conformidad contable y enfocarse en identificar y reportar cualquier hallazgo crítico que pueda afectar la estabilidad de las entidades supervisadas.