El caso Desyfin: Fiscalía investiga fraude financiero y maniobras ocultas
El Grupo Financiero Desyfin vuelve a estar en el ojo del huracán tras revelaciones de la Fiscalía que apuntan a una posible trama de fraude financiero. La acusación sostiene que la cúpula de la entidad habría ejecutado un plan para beneficiarse ilegalmente a costa de los ahorrantes, inversionistas y un accionista minoritario. A continuación, un resumen de lo que se sabe hasta ahora sobre la investigación en curso.
Las sospechas de la Fiscalía
Según una investigación publicada por La Nación, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y de Propiedad Intelectual sospecha que los socios mayoritarios del Grupo Financiero Desyfin realizaron acciones fraudulentas para ocultar la situación real de la entidad. Entre las irregularidades señaladas se encuentran:
- Uso de fideicomisos y sociedades anónimas para encubrir los números reales de la financiera.
- Manipulación de registros contables y presentación de informes inexactos a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
- Simulación de negocios y pagos extrasalariales no declarados en Panamá, sin reportarlos a la seguridad social ni tributarlos.
Estas acusaciones derivan de las evidencias recabadas durante los allanamientos en las casas y oficinas de los principales accionistas de la entidad.
¿Quiénes son los investigados?
La Fiscalía investiga a 26 personas, entre imputados y encartados. Entre los principales sospechosos están los socios mayoritarios de Desyfin:
- Silvio Lacayo Lacayo
- Hortensia Beeche Michaud
- Silvio Lacayo Beeche
- Manfred Lacayo Beeche
- Mauricio Lacayo Beeche
Además, se señala a Mario Gómez Pacheco y José Antonio Hidalgo Marín, representantes de las firmas Consultores Financieros Cofin S. A. y Bufete Gómez & Galindo Abogados y Notarios de Centroamérica S. A.. Según la Fiscalía, estas sociedades habrían operado como fiduciarios de fideicomisos utilizados para ocultar la verdadera situación financiera de Desyfin ante la Sugef y para desviar recursos en beneficio propio y del grupo Lacayo Beeche.
El Ministerio Público también sostiene que Gómez e Hidalgo habrían obtenido créditos por aproximadamente $1 millón cada uno, sin registrar morosidad en los libros contables de Desyfin.
La respuesta de los acusados
Silvio Lacayo Beeche, representante legal de Desyfin, negó rotundamente las acusaciones y aseguró que se trata de una estrategia de la Sugef para justificar la intervención de la financiera.
“Todos y cada uno de los hechos de esa demanda no son ciertos, todos son totalmente mentira, puras cortinas de humo que presentó la Sugef para argumentar la necesidad de hacer la intervención”, declaró Lacayo Beeche a La Nación.
Por su parte, Gómez e Hidalgo argumentaron que sus acciones fueron completamente legales y que ellos son víctimas de esta situación. Ambos señalaron que los créditos mencionados fueron cancelados desde 2018 y desconocen por qué siguen apareciendo en los registros de la financiera.
¿Por qué se intervino a Desyfin?
La intervención de Desyfin fue ordenada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) el 13 de agosto de 2023, debido a diversas irregularidades que ponían en riesgo su estabilidad, entre ellas:
- Subvaluación del 20% de su cartera crediticia.
- Deficiente gestión de riesgos.
- Registros incorrectos de ingresos y gastos.
- Incumplimiento de la junta directiva y la auditoría interna en la mitigación de riesgos.
¿Cuál es el futuro de Desyfin?
Durante la intervención, encabezada por Marianne Kött, se descubrió que los pasivos de Desyfin consumían completamente su patrimonio, generando pérdidas por ¢21.968 millones. Tras evaluar la situación, el Conassif declaró que la financiera era inviable y ordenó su proceso de resolución.
Este proceso implica dividir los activos y pasivos en dos partes:
- Banco bueno: Activos viables que podrían ser adquiridos por una entidad solvente, la cual asumiría los pasivos y obligaciones de Desyfin.
- Banco malo: Activos incobrables o de difícil recuperación, que serían liquidados mediante un fideicomiso para intentar recuperar fondos y retribuir a los depositantes.
Hasta la fecha, no se ha anunciado qué entidad adquirirá los activos del “banco bueno”, lo que deja en incertidumbre el futuro de los ahorrantes y la estabilidad del sistema financiero en este caso.
La investigación de la Fiscalía continúa y se espera que en las próximas semanas se definan nuevas acciones legales contra los implicados. Entretanto, el caso de Desyfin sigue siendo un tema de alto interés en el ámbito financiero y judicial del país.
Fuente: El Financiero
Jorge Gutierrez Guillen
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