Crédito caro y crecimiento fragmentado: una discusión impostergable para Costa Rica

En Costa Rica, el costo del crédito suele analizarse como un asunto estrictamente financiero. Sin embargo, visto desde una óptica técnica y de riesgo sistémico, se trata de un factor estructural que condiciona la competitividad, la inversión productiva y la generación de empleo formal. No es un debate coyuntural ni ideológico: es una discusión de fondo sobre cómo funciona y a quién sirve el sistema financiero.

En este contexto, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) ha planteado a las candidaturas presidenciales la necesidad de revisar una serie de rigideces regulatorias y legales que encarecen la intermediación financiera. El planteamiento parte de un diagnóstico claro: existen distorsiones que, acumuladas en el tiempo, terminan trasladándose al usuario final del crédito y limitando el crecimiento de la economía real.

Las principales fricciones del sistema

Desde un punto de vista técnico, tres elementos destacan por su impacto directo en el precio del crédito:

Cargas parafiscales.
Son contribuciones obligatorias que se imponen al sistema bancario para financiar programas públicos. Aunque su finalidad puede ser legítima, en la práctica incrementan el costo de operar y se reflejan en mayores tasas para empresas y hogares.

Peaje bancario.
Obliga a los bancos privados a mantener un 17 % de sus depósitos en la banca estatal. Este mecanismo inmoviliza recursos que podrían destinarse a crédito productivo y genera una distorsión competitiva dentro del propio sistema financiero.

Encaje mínimo legal.
Corresponde al porcentaje de los depósitos que las entidades deben mantener inmovilizados en el Banco Central de Costa Rica. En Costa Rica ronda el 15 %, un nivel significativamente superior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se aproxima al 1 % en los países donde aún se aplica.

Conviene aclarar que el encaje es competencia exclusiva del Banco Central, no del Poder Ejecutivo. No obstante, esto no elimina la necesidad de una discusión técnica y responsable sobre su nivel y su impacto en la liquidez y el crédito, especialmente en un entorno de bajo dinamismo fuera de los regímenes especiales.

El impacto real sobre la economía productiva

Las cifras macroeconómicas muestran un crecimiento razonable, pero este se concentra principalmente en las empresas de zonas francas. El restante 85 % de la economía, compuesto por compañías fuera de ese régimen y, en muchos casos, fuera de la Gran Área Metropolitana, enfrenta una realidad distinta.

Para una pyme, una diferencia de dos o tres puntos porcentuales en la tasa de interés puede determinar si un proyecto de inversión se ejecuta o se descarta. A esto se suman otros costos estructurales: cargas patronales elevadas, tarifas eléctricas poco competitivas, rezagos en infraestructura y exceso de regulación. El resultado es una menor rentabilidad de los proyectos y un freno persistente a la creación de empleo formal.

No es casual que cerca del 40 % de la fuerza laboral permanezca en la informalidad. Cuando el crédito formal es caro y escaso, la economía busca alternativas menos reguladas, con mayores riesgos y menor trazabilidad.

Un sistema financiero bajo presión estructural

Investigaciones recientes de la firma Cefsa confirman que el sistema financiero costarricense opera hoy en un entorno más exigente: regulación más estricta, cambios macroeconómicos relevantes y distorsiones legales que afectan la rentabilidad de la intermediación. El hallazgo más revelador es que, pese a un crecimiento económico promedio aceptable en la última década, no se ha observado un aumento proporcional en la demanda de crédito ni en el ingreso disponible de los hogares.

Desde una perspectiva de gestión de riesgos, esto plantea desafíos claros: riesgo de estancamiento crediticio, desintermediación hacia esquemas informales y una economía que avanza a dos velocidades.

Reducir distorsiones no es debilitar al Estado

Como ha señalado Rodrigo Cubero, ex presidente del Banco Central y asesor de la ABC, reducir distorsiones no implica desmantelar la institucionalidad, sino rediseñar los incentivos para que el sistema financiero cumpla su función esencial: canalizar el ahorro hacia la inversión productiva de forma eficiente y sostenible.

La discusión no debería centrarse en “quitar cargas” sin más, sino en evaluar alternativas: esquemas presupuestarios más transparentes, gradualidad del encaje según el ciclo económico y revisión del peaje bancario bajo criterios de competencia y eficiencia.

Una decisión de política económica impostergable

De cara al proceso electoral, el verdadero reto no es prometer crédito barato, sino crear las condiciones estructurales para que el crédito sea accesible, sostenible y coherente con el desarrollo del país. Postergar esta discusión equivale a aceptar un crecimiento fragmentado y una economía donde el financiamiento sigue siendo un obstáculo, no un motor.

La pregunta de fondo es clara: ¿queremos un sistema financiero estable pero poco inclusivo, o uno estable y funcional para la economía real?

Informacion toma de El Financiero

Jorge Gutiérrez Guillén, CPA
Socio Fundador | JGutierrez Auditores Consultores S.A.
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