“Desyfin y Coopeservidores ponen a prueba la Ley de Resolución Bancaria: ¿funcionó el escudo del ahorro en Costa Rica?”

A cinco años de su entrada en vigor, la Ley de Resolución Bancaria en Costa Rica se pone a prueba por primera vez. Los casos recientes de Coopeservidores y Desyfin han activado los mecanismos previstos por esta normativa, revelando tanto sus fortalezas como sus debilidades, y abriendo paso a un análisis urgente sobre cómo puede evolucionar.

En febrero pasado se cumplieron cinco años de la entrada en vigor de la Ley N.º 9816, oficialmente llamada “Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósito y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros”, pero conocida públicamente como la Ley de Resolución Bancaria. Esta normativa fue aprobada en 2020 con el objetivo de fortalecer la protección del sistema financiero costarricense ante posibles intervenciones o liquidaciones de entidades reguladas por la Sugef.

Ese objetivo dejó de ser teórico con la intervención, en 2024, de las entidades Desyfin y Coopeservidores. Ambos casos pusieron a prueba por primera vez esta ley, activando procedimientos nuevos para proteger los ahorros de los clientes y mantener la estabilidad del sistema. Con ello, la ley dejó de ser letra muerta y pasó a convertirse en un instrumento vivo, clave para gestionar crisis financieras.

Uno de los pilares centrales de esta legislación es el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), un patrimonio autónomo creado para asegurar, hasta cierto límite, los depósitos mantenidos por personas físicas y jurídicas en entidades afiliadas.

La OCDE, en su Informe de Gobierno Corporativo de 2020, celebró esta iniciativa como un paso hacia una mayor equidad financiera, al establecer un seguro aplicable no solo a bancos estatales, sino también a privados, cooperativas y financieras.

Antes de esta ley, solo quienes depositaban su dinero en el Banco Nacional o en el Banco de Costa Rica tenían garantías plenas por parte del Estado. El resto del sistema no ofrecía tal respaldo, generando un entorno desigual para los ahorrantes.

Hoy, con la creación del FGD, todas las entidades supervisadas ofrecen esa protección mínima de ₡6 millones por cliente. Sin embargo, en los casos de Coopeservidores y Desyfin, este fondo no fue utilizado directamente, lo que generó críticas entre los afectados y expertos, y dejó valiosas lecciones para el futuro.

Un nuevo paradigma

La implementación de la ley cambió radicalmente lo que antes era un proceso lento y burocrático. Así lo explica Bernardo Alfaro, exjerarca de la Sugef en 1999, quien vivió de cerca la intervención del Banco Federado y el Banco Cooperativo, intervenidos un año antes.

“Antes era un proceso estrictamente judicial. Los afectados podían pasar años sin respuesta. No había un resolutor con herramientas claras, sino solo un interventor limitado en sus funciones”, señala.

Carlos Fernández, exgerente del BCR, recuerda con claridad los casos de Banco Elca y Bantec, cuyas intervenciones por vía judicial dejaron saldos negativos para todos los involucrados.

Ambos coinciden en que el nuevo marco legal otorga más agilidad y claridad. La resolución debe completarse en un plazo máximo de un año. Además, permite que la Sugef actúe rápidamente, negocie con entidades compradoras y facilite la transferencia de activos sanos a instituciones más estables.

Para José Luis Arce, expresidente del Conassif, esta agilidad es vital: “En una crisis financiera, actuar con rapidez puede ser la diferencia entre preservar la confianza del sistema o generar un efecto dominó. La ley permite tomar el control, separar los activos buenos de los malos y responder a los ahorrantes en tiempos razonables”.

Primeros aprendizajes

Tanto en Coopeservidores como en Desyfin se aplicó la estrategia de segmentar los activos entre “banco bueno” y “banco malo”. Los activos sanos de Coopeservidores fueron transferidos al Banco Popular, mientras que el resto quedó en un fideicomiso administrado por Banco Improsa.

En tiempo récord, el 97% de los clientes de Coopeservidores —aquellos con montos menores a ₡6 millones— recibieron el 100% de sus depósitos. A los clientes no cubiertos totalmente, con montos mayores, se les ha devuelto un 63,44% de sus ahorros.

Este 19 de junio se completó una fase adicional de pagos que benefició a más de 5.500 personas físicas y jurídicas, una eficiencia que era impensable en años anteriores. Por ejemplo, para alcanzar resultados similares en el Banco Federado, se necesitaron cuatro años y varias subastas judiciales.

En el caso de Desyfin, donde no hubo comprador interesado, la resolución fue más compleja. Se pusieron activos a la venta y se trabaja activamente para preservar el valor de la cartera crediticia. Aún así, en junio se aprobó la devolución total a 2.989 depositantes cubiertos por el FGD, y una devolución parcial del 48,97% para los que superaban ese monto.

Para Fernández, estas acciones envían una señal de confianza al público y consolidan al sistema financiero como uno más transparente y resolutivo.

¿Por qué no se utilizó el FGD?

Una de las principales dudas que quedó tras estas intervenciones fue la no utilización directa del Fondo de Garantía de Depósitos. Según la Sugef, el fondo está diseñado como un respaldo de última instancia. Si los activos de la entidad son suficientes para cubrir los ₡6 millones garantizados, no se recurre al fondo.

Para Alfaro, este enfoque puede mejorarse: “Si usáramos el fondo desde el inicio, podríamos acelerar la recuperación y devolver más recursos en menos tiempo. Pero eso implicaría repensar el fondo como una primera instancia, no como la última”.

Fernández cree que el fondo sí debió haberse activado, sumando su poder de pago a los ingresos por venta de activos. Arce agrega que la forma en que se estructuró el fondo no es la ideal: “Es un fondo reciente, sin músculo financiero, y sin respaldo estatal, como sí ocurre en otros países”.

De hecho, según Arce, sí se aplicó el fondo en sentido técnico: se priorizó el pago a pequeños ahorrantes, aunque no se usaran los recursos del fondo directamente, sino mediante activos adquiridos por otras entidades.

Adrián Alvarez, gerente de Coopenae, coincide: “Desde la óptica del menor costo, el resultado para los ahorrantes fue el mismo. Se evitó un daño mayor al sistema sin comprometer recursos innecesarios”.

Este mes, Coopeservidores deberá presentar su solicitud de quiebra ante el Juzgado Concursal. Los ahorrantes no garantizados tendrán que reclamar judicialmente los montos aún pendientes.

Retos para el futuro

Uno de los cambios más urgentes en la ley es la eliminación de los “compartimentos” dentro del FGD. Actualmente, el fondo está dividido según el tipo de entidad: estatal, privada, o cooperativa. Esta división debilita su capacidad de respuesta.

Tanto Arce como Alvarez abogan por un fondo unificado y mejor capitalizado. También consideran necesario revisar los plazos de resolución, incorporar nuevos mecanismos y fortalecer otros fondos complementarios, como el Fondo de Fortalecimiento Cooperativo.

Rocío Aguilar, quien lideraba la Sugef durante los casos de Desyfin y Coopeservidores, respalda la reforma legal propuesta en el expediente 24.256. Esta reforma busca adaptar la ley a estándares internacionales, fortalecer la autoridad del Conassif y mejorar la autonomía del fondo.

Hazel Valverde, actual jerarca de la Sugef, coincide en la urgencia de flexibilizar más los procesos: “Para una persona que espera recuperar sus ahorros, cada día cuenta. Necesitamos herramientas que nos permitan actuar con más celeridad y precisión”.

Un vacío legal para las solidaristas

Uno de los vacíos más evidentes en la aplicación de la ley ha sido la situación de las asociaciones solidaristas. Al tratarse de personas jurídicas, estas solo tienen asegurado un monto total de ₡6 millones, aunque representen a miles de personas físicas.

Se estima que unas 200 asociaciones solidaristas invirtieron más de $125 millones en Coopeservidores, representando los ahorros de cerca de 140.000 afiliados. Sin una adecuación legal, estas entidades seguirán siendo vulnerables.

En definitiva, la Ley de Resolución Bancaria ha superado su primera gran prueba con nota positiva. Ha traído orden, celeridad y protección al sistema financiero. Pero también ha mostrado áreas grises y vacíos legales que deben corregirse para estar a la altura de las exigencias de una economía moderna.

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Jorge Gutiérrez Guillén, CPA
Socio Fundador y Director General
JGutierrez Auditores Consultores S.A.
Contador Público Autorizado | Consultor en Estrategia Financiera y Normativa
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