La deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ya no es un tema contable aislado: se ha convertido en un riesgo real para la salud pública y para la estabilidad fiscal del país. Cada año que pasa, el monto crece, la “bola de nieve” se hace más grande y la confianza en el sistema se erosiona.

¿Cuánto debe el Estado?

Los datos de la Contraloría General de la República son claros:

• En 2008, la deuda con el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) era de ¢348.000 millones, equivalente al 1,1% del PIB.
• Para 2024, la deuda ya alcanzó ¢3,5 billones, es decir, el 7% del PIB.
• Si la tendencia no cambia, para el 2040 la deuda podría superar el 15% del PIB.

Y no termina ahí:

• Al cierre de 2024, la Auditoría Interna de la CCSS estimó que el Estado también debía ¢331.000 millones al Seguro de Pensiones, en su mayoría al Régimen No Contributivo.
• El pasivo total ya supera los ¢4,4 billones.

En otras palabras: cada mes que pasa, la deuda crece, aunque la Caja sigue prestando servicios y cubriendo obligaciones que el Estado no financia a tiempo.

¿Por qué el Estado no paga lo que debe?

La gente suele preguntarse: ¿es que la Caja cobra de más? La respuesta es no. El problema es que el Estado transfiere menos dinero del que debería y deja que el resto se acumule como deuda.

Las razones son varias:

• Déficit fiscal crónico: Hacienda da prioridad a pagar deuda pública y salarios, dejando a la Caja rezagada.
• No hay reglas automáticas de giro: los pagos dependen de la caja del momento y de decisiones políticas.
• Discrepancias en los cálculos: Hacienda y la CCSS discuten montos del SEM y del Régimen No Contributivo, y mientras tanto se paga solo una parte.
• Decisiones políticas de corto plazo: gobiernos anteriores han preferido aplazar pagos para no reflejar la deuda real en las estadísticas fiscales.
• Uso de la Caja como colchón social: la CCSS cubre poblaciones vulnerables (trabajadores informales, menores de edad, adultos mayores en pobreza), pero el Estado no siempre transfiere los fondos necesarios.
• Sin regla fiscal específica: no existe un plan legal o un cronograma obligatorio para saldar lo adeudado.

En resumen: la deuda no crece porque la Caja cobre más, sino porque el Estado gira menos de lo que debería.

El impacto de la inacción

Si este problema no se resuelve, las consecuencias afectan a todos:

• En la salud pública
  • Hospitales y clínicas con menos recursos.
  • Listas de espera más largas para consultas y cirugías.
  • Riesgo de deterioro en la calidad de los servicios médicos.
• En la economía
  • La deuda pública real del país es más alta de lo que se reconoce oficialmente.
  • Posible pérdida de credibilidad en los mercados internacionales.
  • Riesgo de que las calificadoras rebajen la nota crediticia de Costa Rica.
  • Restricciones más duras en el gasto público, afectando infraestructura, educación y seguridad.
• En la política y la confianza ciudadana
  • Pérdida de legitimidad de la Caja como institución emblema del país.
  • Mayor descontento social al percibir que el Estado evade su responsabilidad.
  • Crecimiento de posturas extremas en la discusión electoral, con propuestas que podrían debilitar el modelo solidario de salud.

Oportunidades de mejora: qué se puede hacer ya

La situación tiene salida, pero requiere decisiones firmes:

• Plan legal de pagos: aprobar una ley que establezca montos y plazos claros para pagar la deuda.
• Transferencias automáticas: que los giros de Hacienda a la Caja no dependan de decisiones políticas.
• Pago unificado anual: consolidar lo adeudado en un monto anual, más fácil de controlar y conciliar.
• Revisión de exoneraciones: eliminar beneficios fiscales regresivos (ej. boletos aéreos) para liberar recursos.
• Blindaje constitucional: elevar el pago de la deuda con la Caja a rango constitucional, para darle prioridad.
• Recuperar autonomía de la CCSS: reducir la injerencia política en la Junta Directiva, devolviendo peso técnico al tripartito.
• Recursos permanentes para EBAIS: asegurar financiamiento estable al primer nivel de atención médica.
• Mayor transparencia en datos: depurar registros de asegurados y cálculos, eliminando inconsistencias.

Un tema electoral impostergable

La deuda con la CCSS no es un asunto contable más. Es un problema de salud, de economía y de política.

El impacto es tan grande como el déficit fiscal o la deuda externa, pero con un componente más sensible: la atención médica de millones de personas.

De cara a las próximas elecciones, la ciudadanía debe exigir a los candidatos propuestas concretas y realistas. El próximo gobierno no tendrá espacio para seguir evadiendo este problema: o se diseña un plan real de pago y control, o se arriesga la sostenibilidad de la Caja y la credibilidad financiera de Costa Rica.

Cada día sin soluciones es un día más cerca del colapso.

Jorge Gutiérrez Guillén, CPA
Socio Fundador | JGutierrez Auditores Consultores S.A.
Especialista en Auditoría, Contabilidad, Fiscalidad y Consultoría Financiera
Autorizados por SUGEVAL, SUGEF, SUPEN y SUGESE | Registro CCPCR N.° 597058
Costa Rica
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Fuentes:

• Contraloría General de la República – Informe sobre la deuda del Estado con la CCSS (2024).
• Auditoría Interna de la CCSS – Estimaciones de pasivos acumulados.
• Ministerio de Hacienda – Resultados fiscales 2022–2024.
• Propuestas de reforma (El Financiero, FES América Central).

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