La banca lanza advertencia: Costa Rica no puede esperar más

La banca costarricense presentó al país y a los candidatos presidenciales un mensaje contundente: el sistema financiero requiere reformas estructurales para enfrentar un entorno digital más riesgoso, una regulación desactualizada y presiones crecientes sobre el costo del crédito.
En un año electoral y con una economía cada vez más digitalizada, el sector advierte que los desafíos ya no admiten postergaciones.

Ciberseguridad: el riesgo sistémico que más preocupa

El avance tecnológico ha permitido a los bancos ampliar servicios, agilizar trámites y fortalecer la inclusión. Sin embargo, también abrió un campo fértil para la ciberdelincuencia.

Solo en el primer semestre del año, el OIJ recibió 4.693 denuncias por estafas digitales en San José, un aumento del 88% respecto al mismo periodo del 2024. Las modalidades más frecuentes incluyen suplantación de identidad, robo de credenciales y fraudes a través de enlaces falsos.

Para la Cámara de Bancos e Instituciones Financieras, esta tendencia ya no es un riesgo aislado, sino un riesgo sistémico que compromete la confianza del público. Por ello, propone:

• Integrar contenidos de alfabetización financiera y digital en la educación pública.
• Fortalecer campañas de prevención.
• Modernizar herramientas de monitoreo y respuesta ante incidentes.

La lógica es clara: cuanto más educado está el usuario, menor es su vulnerabilidad y mayor la confianza en los servicios financieros.

Encaje legal: ajustar un mecanismo que encarece el crédito

El sector también propone reformar el esquema de encaje legal, uno de los componentes más relevantes del costo de intermediación financiera.

¿Qué es el encaje legal?

Es la reserva obligatoria que los bancos deben mantener inmovilizada en el Banco Central, equivalente a un porcentaje de los depósitos del público.
Su objetivo es garantizar liquidez, pero también reduce recursos disponibles para prestar y, por ende, incrementa el costo del crédito.

En Costa Rica, el encaje tiene un límite del 15% (Ley Orgánica del BCCR N.º 7558), significativamente mayor al promedio regional, que oscila entre 10% y 12%.

¿Qué propone la banca?

• Reducir el encaje para alinearlo con estándares internacionales.
• Permitir que parte de la reserva se mantenga en las propias entidades, aumentando flexibilidad.
• Reformar el artículo 63 de la Ley 7558, para flexibilizar el límite máximo y permitir que el Banco Central pague intereses de mercado por ese encaje.
• Eliminar el cobro del 25% de intermediación cambiaria, que afecta la competitividad del sistema.

La banca argumenta que estas medidas reducirían costos, ampliarían la disponibilidad de crédito y mejorarían la competitividad frente a otros mercados de la región.

Educación financiera: la barrera invisible de la exclusión

La Cámara sostiene que la educación financiera es un pilar indispensable para:

• reducir la vulnerabilidad ante estafas,
• ampliar el uso del SINPE y medios electrónicos,
• mejorar la toma de decisiones de crédito,
• incentivar ahorro, inversión y emprendimiento,
• e impulsar la formalización económica.

Cuanto mayor es el conocimiento financiero de la población, mayor es su integración al sistema bancario formal, un objetivo central para el desarrollo del país.

Inclusión financiera e innovación tecnológica

La banca reconoce que la inclusión financiera es una de las herramientas más efectivas para reducir desigualdad y dinamizar la actividad productiva. Por ello promueve:

• ampliar el acceso a cuentas,
• incentivar medios de pago electrónicos,
• fortalecer la infraestructura digital,
• simplificar productos para poblaciones vulnerables,
• y facilitar el acceso a crédito formal para pymes.

La innovación tecnológica es un catalizador clave: reduce costos operativos, mejora la experiencia del usuario y habilita nuevos servicios adaptados a la economía digital.

Sostenibilidad: ASG como criterio obligatorio

El sector también apuesta por incorporar estándares Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) en la evaluación crediticia, un enfoque cada vez más extendido en Europa y América Latina.

Entre las propuestas:

• integrar criterios ASG en el análisis de riesgo,
• impulsar productos financieros verdes,
• financiar proyectos de impacto ambiental y social,
• y fortalecer la gobernanza interna de las entidades.

Según la Cámara, esto prepara al país para una economía global donde la sostenibilidad será un requisito para competir.

Supervisión y gestión de riesgos: actualizar capacidades

La banca advierte que los modelos tradicionales de supervisión requieren modernización para anticipar riesgos relacionados con:

• digitalización,
• ciberseguridad,
• nuevas plataformas de pago,
• fintech,
• y operaciones transfronterizas.

Propone fortalecer la capacitación técnica en Sugef y Conassif, actualizar metodologías prudenciales y mejorar herramientas analíticas.

Marco regulatorio: estabilidad, competencia y claridad

El sector pide modernizar la regulación para adaptarla a las realidades de la economía digital. Entre las preocupaciones destacan dos proyectos:

Ley de Usura (9859)

Aunque buscó proteger a consumidores de tasas abusivas, redujo la oferta de crédito para personas de mayor riesgo, ampliando su dependencia de prestamistas informales.

Proyecto de Ley 24.616

Traslada al MEIC la supervisión de proveedores financieros.
La banca advierte que esto generaría fragmentación regulatoria y podría comprometer la coherencia del marco prudencial, tradicionalmente a cargo de Sugef y Conassif.

El sector sostiene que la supervisión debe mantenerse en entidades técnicas e independientes, no bajo ministerios o entes políticos.

Conclusión: un punto de inflexión para el sistema financiero

Costa Rica enfrenta un momento decisivo.
El crecimiento de la ciberdelincuencia, los desafíos del encaje legal, la necesidad de modernizar la regulación y la urgencia de fortalecer la educación financiera conforman un panorama que requiere acción inmediata del próximo gobierno.

La banca advierte que la estabilidad del sistema financiero dependerá de decisiones oportunas y técnicamente fundamentadas.
El país, concluye el sector, no puede darse el lujo de seguir aplazando reformas esenciales.

Jorge Gutiérrez Guillén, CPA
Socio Fundador | JGutierrez Auditores Consultores S.A.
Costa Rica | 🌐consultoresjg.com
+506 2552-5433 | +506 8811-5090
[email protected]

#JGutierrezAuditores #BancaCR #Ciberseguridad #EncajeLegal #RegulaciónFinanciera