¿Protección o exclusión? A cinco años de la Ley de Usura en Costa Rica

En junio de 2020, Costa Rica aprobó una reforma histórica: la Ley N.º 9859, conocida como la “Ley de Usura”, que puso límites a las tasas de interés que pueden cobrar bancos, financieras y prestamistas. El propósito era claro: evitar que las personas más vulnerables cayeran en espirales de deuda por intereses desmedidos.

Cinco años después, las opiniones siguen divididas. Mientras algunos aseguran que esta medida protegió a miles de consumidores, otros señalan que generó exclusión financiera al limitar el acceso al crédito formal. ¿Cuál es la verdad detrás de esta ley? ¿Qué ha pasado con los tarjetahabientes, los bancos, las microfinancieras y los créditos informales? Aquí lo analizamos.

¿Qué cambió con la Ley?

La ley introdujo el artículo 36 bis en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, estableciendo un tope máximo a las tasas de interés anuales, conocido como Tasa Anual Máxima (TAM), calculado semestralmente por el Banco Central de Costa Rica.

Ese tope aplicó tanto para entidades bancarias como financieras, cooperativas, prestamistas privados y emisores de tarjetas, y también incluyó microcréditos, créditos rápidos y tarjetas de alto riesgo.

Impactos inmediatos: menos acceso para muchos

Tras la entrada en vigencia de la ley, muchas entidades revisaron sus productos y eliminaron aquellos que ya no eran rentables bajo el nuevo esquema de tasas. Esto impactó directamente a sectores de ingreso medio y bajo, así como a microempresarios y personas sin historial crediticio.

Tarjetas que desaparecieron:

• American Express del BCR: suspendida en 2021 por no ajustarse a los límites de rentabilidad con las nuevas tasas.
• CrediBAC Clásica: tarjeta básica para personas con ingresos menores, retirada del portafolio de BAC Credomatic.
• Tarjetas estudiantiles o sin historial crediticio: eliminadas por cooperativas y emisoras no bancarias.
• Tarjetas de microcrédito: muchas financieras no reguladas las sacaron del mercado.

Comparativo de tasas antes y después de la Ley de Usura

Tipo de crédito	Antes de la Ley (%)	Después de la Ley (%)
Tarjetas de crédito (colones)	42–55	38.69
Tarjetas de crédito (dólares)	35–45	30.06
Microcréditos (no regulados)	60–199	38.69
Financieras privadas (colones)	Hasta 100	38.69
Préstamos personales bancarios	15–28	28
Créditos hipotecarios	9–12	12

Fuente: Banco Central de Costa Rica, Sugef, El Financiero.

¿A quiénes excluyó?

Según datos de la Sugef y estudios como el de Edgar Robles (Academia de Centroamérica), la ley afectó especialmente a:

• Personas con ingresos inferiores al salario mínimo inembargable.
• Deudores sin historial crediticio o con récord negativo.
• Microempresarios informales que dependían de tarjetas para financiar su operación.
• Usuarios que no cumplían los nuevos criterios de rentabilidad para las entidades.

Sugef estimó la exclusión de más de 30.000 deudores en 2020 y otros 100.000 potenciales nuevos deudores por año desde entonces.

¿Se incrementó el crédito informal?

Aunque no se puede atribuir directamente a la ley, las denuncias por extorsión asociada a préstamos “gota a gota” aumentaron de 47 en 2020 a 428 en 2024, según datos del OIJ. La mayoría de quienes recurrieron a estos préstamos lo hicieron por necesidad inmediata o por falta de acceso formal, no necesariamente por efecto directo de la ley.

¿Ha mejorado la situación?

La Memoria Anual del BCCR (2024) muestra que:

• En 2023 y 2024, la cantidad de tarjetas de crédito volvió a crecer, superando incluso los niveles del 2019.
• Las tasas de interés se han mantenido por debajo de los niveles previos a la reforma.
• El número total de deudores volvió a subir, aunque se mantiene la exclusión en ciertos segmentos.

Conclusión

A cinco años de su entrada en vigor, la Ley de Usura ha cumplido con uno de sus principales propósitos: frenar las tasas de interés excesivas y promover un mayor análisis de la capacidad de pago de los deudores. Sin embargo, también ha puesto en evidencia una realidad preocupante: miles de personas siguen excluidas del sistema financiero formal.

Aunque el establecimiento de un tope ha brindado una protección real a muchos consumidores, especialmente en el crédito de consumo, también ha tenido efectos no deseados. Personas con bajo historial crediticio, que antes accedían a productos financieros de alto costo, hoy enfrentan un portazo en el sistema regulado y, en algunos casos, caen en esquemas informales más riesgosos o quedan completamente sin opciones de financiamiento.

El balance general puede considerarse positivo, pero la normativa necesita ajustes de precisión. En particular, urge revisar el tope de tasas para los microcréditos productivos, que suelen ser clave para emprendedores de bajos ingresos. A la par, se requiere fortalecer la educación financiera como pilar esencial de cualquier política pública en esta materia.

Las acciones prioritarias son claras:

• Ajustar los techos de tasas para microcréditos sin desincentivar su oferta.
• Fortalecer la educación financiera nacional, desde las aulas hasta las comunidades.
• Ampliar el acceso al crédito formal con instrumentos adecuados para poblaciones vulnerables.
• Combatir activamente la proliferación del crédito informal y la usura clandestina.

Más que derogar la ley, el desafío es evolucionarla. La inclusión financiera no se logra solo con límites, sino con equilibrio, educación y alternativas reales. El camino continúa, y Costa Rica debe avanzar hacia un sistema financiero más justo, accesible y sostenible para todos.

Jorge Gutiérrez Guillén
Contador Público Autorizado
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Fuentes:

• Banco Central de Costa Rica (BCCR)
• Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef)
• Academia de Centroamérica
• El Financiero
• OIJ, CINPE, Encuesta ENAHO (INEC)

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