“Reforma al ROP en marcha: lo que podrían permitirle hacer con sus ahorros de pensión”

La Asamblea Legislativa discute actualmente tres proyectos de ley que podrían transformar el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), un sistema que afecta directamente el ahorro y la calidad de vida de miles de trabajadores costarricenses al momento de su jubilación. Estas propuestas buscan modificar los artículos clave de la Ley de Protección al Trabajador (Ley 7983), introduciendo cambios significativos en la forma en que se puede disponer del dinero acumulado y en cómo operan las entidades encargadas de administrarlo.

Cada proyecto tiene un enfoque distinto, pero en conjunto reflejan una creciente preocupación por parte de los legisladores y de la ciudadanía respecto a las condiciones actuales del ROP, su accesibilidad y el rol de las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC). A continuación, se detallan las tres iniciativas que podrían redefinir el futuro de las pensiones complementarias en el país.

1. Retiro total del ROP al cumplir la edad de jubilación (Expediente 24955)

La primera propuesta fue presentada por el diputado Gilberth Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), el pasado 2 de abril. Esta iniciativa plantea una reforma que permitiría a los trabajadores retirar el 100% de los fondos acumulados en su cuenta individual del ROP en un solo acto, una vez que alcancen la edad de jubilación establecida.

Según el proponente, llegar a los 65 años ya representa un reto físico y económico para los trabajadores, por lo que tener acceso completo a los recursos del ROP podría ayudarles a tener una vejez más digna y con mayor bienestar. El proyecto propone modificar los artículos 20, 22 y 25 de la ley vigente, para permitir esta flexibilidad.

Además, se introduce la posibilidad de que el pensionado elija entre distintas formas de retiro, incluyendo el retiro total, un retiro programado, una renta permanente, una renta temporal ajustada a la expectativa de vida o una renta vitalicia contratada con una aseguradora. También se establece que las OPC tendrán un plazo máximo de 60 días naturales para hacer efectivos los beneficios.

2. Devolución parcial para pensionados entre 2021 y 2029 (Expediente 24972)

El segundo proyecto, registrado bajo el expediente 24972, fue presentado el 12 de mayo por la diputada Rocío Alfaro, jefa de fracción del Frente Amplio (FA). Este texto busca modificar el transitorio XX de la Ley de Protección al Trabajador, y beneficiaría específicamente a las personas que ya están pensionadas o lo estarán entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2029.

La propuesta establece que estos pensionados podrán retirar el saldo acumulado en sus cuentas individuales del ROP en forma de rentas temporales durante un plazo máximo de 24 meses, hasta agotar sus fondos. El argumento central es que el sistema actual ha fallado en cumplir varios de sus objetivos estratégicos, como consolidar un mercado de capitales robusto o financiar proyectos de desarrollo nacional.

Entre las críticas que se presentan en la exposición de motivos, se menciona que las operadoras envían parte de los fondos al extranjero con rendimientos bajos, aplican comisiones que no se relacionan con los resultados obtenidos, y que la competencia entre ellas es prácticamente nula. A pesar de ello, el proyecto asegura que esta devolución no pondría en riesgo la estabilidad de las OPC, ya que representa una porción pequeña del capital total administrado, mientras que los intereses generados por los fondos serían suficientes para cubrir los retiros.

3. Redefinición del uso y reglas del ROP (Expediente 24984)

La tercera iniciativa legislativa fue presentada el 16 de mayo por la diputada Ada Acuña, del Partido Progreso Social Democrático. Esta propuesta es la más extensa y ambiciosa, ya que plantea una reforma estructural de varios artículos de la Ley de Protección al Trabajador: se propone reformar los artículos 1, 9, 20, 22, 23 y 43, adicionar un nuevo párrafo al artículo 49, crear dos disposiciones transitorias adicionales, y derogar completamente los artículos 24 y 25.

Uno de los cambios más destacados es que se redefine el concepto de “complementariedad” del ROP, ajustándolo al criterio de pensión máxima del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). En términos prácticos, esto implica que si una persona recibe una pensión del IVM menor al salario mínimo exento de impuesto sobre la renta, podrá acceder a una renta temporal complementaria. Por el contrario, si su pensión del IVM supera ese umbral, podrá hacer un retiro total del ROP.

Otro aspecto novedoso de este proyecto es la introducción de responsabilidad solidaria para las operadoras en casos de minusvalías, es decir, si las inversiones realizadas con los fondos de los afiliados generan pérdidas, las OPC deberán devolver las comisiones cobradas durante ese periodo.

También se proponen reformas para fortalecer la transparencia y la entrega de información a los afiliados, incluyendo una reducción en los plazos para retiros por motivos de salud. Por ejemplo, el plazo para hacer efectivo un retiro total por diagnóstico de enfermedad terminal o grave se reduciría a seis meses.

Finalmente, se reafirma que los fondos del ROP son propiedad exclusiva de cada afiliado y deben mantenerse individualizados, sin que puedan ser utilizados con fines ajenos a los intereses del titular de la cuenta.

¿Qué sigue?

Los tres proyectos de ley continúan en fase de trámite dentro de la Asamblea Legislativa y aún deben pasar por dictámenes y votaciones en comisión antes de llegar al plenario. Sin embargo, el debate que generan ya ha puesto sobre la mesa preocupaciones legítimas de la ciudadanía sobre el acceso a sus ahorros, la eficiencia de las operadoras y el propósito real del ROP como instrumento de bienestar en la vejez.

La discusión no solo tiene implicaciones legales, sino también económicas, sociales y éticas. A medida que avance el proceso legislativo, será fundamental que los trabajadores y pensionados del país se mantengan informados, participen en el debate y exijan que cualquier reforma ponga sus intereses al centro del sistema.

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Jorge Gutiérrez Guillén, CPA
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