Sala Constitucional devuelve sus cargos a directivos del Banco Nacional destituidos por el Gobierno
La Sala Constitucional (Sala IV) resolvió el pasado 10 de octubre de 2025 restituir de inmediato a cuatro miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN), quienes habían sido removidos por el Poder Ejecutivo en mayo anterior.
La resolución 2025-033364 declara con lugar los recursos de amparo presentados por Maricela Alpízar Chacón, José Manuel Arias Porras, Marvin Arias Aguilar y Rodolfo González Cuadra, anulando así la orden firmada por el entonces vicepresidente Stephan Brunner en mayo, que dispuso su separación.
La decisión de la Sala IV
El fallo establece que los directivos deben reincorporarse “por el período dispuesto inicialmente por el Consejo de Gobierno”, reafirmando que corresponde a este órgano —y no al Ejecutivo de manera unilateral— la potestad constitucional de nombrar y remover a los directores de instituciones autónomas.
La votación fue mayoritaria, aunque los magistrados Fernando Castillo (presidente) y Anamari Garro salvaron el voto, declarando sin lugar el recurso.
El trasfondo del caso
La destitución estuvo ligada al polémico nombramiento de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general del BN. Tras la separación de los directivos, el Gobierno juramentó a una nueva Junta Directiva presidida por Maximiliano Alvarado Ramírez.
El propio presidente Rodrigo Chaves reconoció que la resolución sería recibida “con sorpresa” por el país.
Impacto en el sistema financiero
El Banco Nacional es el banco más grande de Costa Rica y ha sido catalogado como entidad de importancia sistémica.
Importancia sistémica: significa que por su tamaño y nivel de interconexión, cualquier dificultad en el BN podría desestabilizar el sistema financiero y afectar a la economía en general.
La restitución de sus directivos no solo tiene implicaciones legales, sino que también influye en la confianza de inversionistas, clientes y organismos internacionales en la institucionalidad costarricense.
Gobernanza corporativa en riesgo
Diversos analistas han señalado que la destitución original fue una mala señal en términos de gobierno corporativo, al poner en entredicho la independencia de las empresas estatales frente al poder político.
Gobierno corporativo: conjunto de normas y prácticas que aseguran que una empresa sea dirigida con transparencia y responsabilidad. Organismos como la OCDE y el Banco Mundial han insistido en la importancia de mantener juntas directivas profesionales e independientes en empresas públicas.
El economista José Luis Arce, exdirector del CONASSIF, advirtió que decisiones de este tipo pueden comprometer la solvencia y la sostenibilidad de los bancos estatales.
Lo que sigue
La sentencia aún está en redacción completa, pero el mandato de restitución es inmediato. Este precedente marcará el debate sobre el balance entre el control político y la autonomía técnica en la gestión de las instituciones financieras estatales.
Jorge Gutiérrez Guillén, CPA
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