Costa Rica ante la OCDE: el desafío de pasar de las leyes de papel a los resultados de integridad

La integridad pública ya es una ventaja competitiva

La integridad pública ha dejado de ser un concepto meramente ético para convertirse en un activo estratégico de los países. Hoy influye en la capacidad de atraer inversión, gestionar riesgos, fortalecer la confianza institucional y responder con credibilidad a la ciudadanía. La OCDE plantea en su Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026 que la integridad no solo protege frente a la corrupción, el fraude y el despilfarro, sino que también favorece la competencia justa, la resiliencia institucional y el crecimiento económico.

En ese contexto, Costa Rica aparece como un país que ha dado pasos relevantes en el plano normativo, pero que ahora enfrenta una prueba más compleja: demostrar que sus marcos, estrategias y controles producen resultados verificables. Esa es, precisamente, la discusión central que la OCDE viene impulsando: el paso de la arquitectura legal a la efectividad práctica.

La ENIPC coloca a Costa Rica en una nueva etapa institucional

Costa Rica cuenta con la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC) 2021-2030, un instrumento que la OCDE identifica como parte del esfuerzo del país por traducir su agenda de integridad en una política concreta y coherente. La estrategia fue concebida para servir como eje rector de la política pública en esta materia y para articular a distintas instituciones alrededor de objetivos de prevención, coordinación y fortalecimiento institucional.

Ese paso es importante porque demuestra que el país ya no está en una fase incipiente de discusión, sino en una etapa de consolidación. La existencia de una estrategia nacional, alineada con estándares internacionales, permite ordenar prioridades, definir responsabilidades y mover la discusión desde la reacción sancionatoria hacia una lógica más preventiva y sistémica. Esa visión conecta con la recomendación histórica de la OCDE de construir sistemas de integridad coordinados y no solo respuestas aisladas frente a hechos de corrupción.

El problema ya no es diseñar normas, sino ejecutarlas

La principal advertencia de la OCDE es clara: tener leyes, estrategias o políticas no garantiza resultados. En el Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026, la organización reporta que los países miembros presentan en promedio una brecha de 19 puntos porcentuales entre la fortaleza de sus marcos regulatorios y su implementación efectiva. Es decir, las normas avanzan más rápido que la capacidad de aplicarlas, monitorearlas y convertirlas en cambios reales de conducta e institucionalidad.

Este hallazgo es especialmente relevante para Costa Rica. El país ya dispone de una estrategia formal y de avances regulatorios, pero el desafío ahora es operativo: asegurar financiamiento, seguimiento, publicación de avances, claridad en responsabilidades y sistemas de evaluación que permitan medir si la integridad se está fortaleciendo en la práctica. Sin esos elementos, cualquier estrategia corre el riesgo de quedarse en el plano declarativo. Esa es una interpretación consistente con el enfoque de la OCDE sobre la necesidad de traducir la ENIPC en una política de integridad concreta y coherente.

La “brecha de implementación” es el verdadero riesgo

El informe de la OCDE identifica que esta desconexión entre norma y práctica es particularmente visible en áreas sensibles de los sistemas de integridad. Entre los ejemplos que reporta a nivel comparado destacan las brechas en la aplicación de regímenes disciplinarios y en la gestión de conflictos de intereses, donde muchas veces existen obligaciones formales, pero no una verificación o fiscalización suficientemente robusta.

Para Costa Rica, esto tiene una implicación estratégica. El país puede exhibir avances en diseño institucional, pero si no logra demostrar ejecución, monitoreo y resultados, la integridad pública seguirá siendo vista como una aspiración normativa más que como una capacidad efectiva del Estado. En un entorno internacional cada vez más exigente, esa diferencia pesa tanto en confianza ciudadana como en percepción de seguridad jurídica y clima de negocios.

Costa Rica muestra fortalezas, pero también rezagos operativos

La evidencia país que ha publicado la OCDE para Costa Rica muestra justamente ese panorama mixto. Por un lado, reconoce que el país ha estructurado una estrategia nacional y ha generado mecanismos de coordinación para impulsarla. Por otro, advierte que todavía existen desafíos para vincular objetivos, instituciones responsables, seguimiento y ejecución efectiva. La OCDE ha señalado que la tarea pendiente es traducir esa estrategia en una política pública aterrizada, medible y consistente.

Ese diagnóstico es importante porque mueve la conversación desde la aprobación de documentos hacia la capacidad real del Estado para implementar controles, dar seguimiento, medir avances y corregir desviaciones. En otras palabras, la discusión ya no es si Costa Rica tiene una estrategia, sino si puede demostrar que esa estrategia cambia comportamientos, reduce riesgos y fortalece la institucionalidad.

La tecnología y los datos pueden marcar la diferencia

Uno de los elementos más valiosos del enfoque OCDE es la insistencia en el uso de herramientas digitales, analítica de datos y sistemas de verificación como mecanismos para fortalecer la integridad pública. El informe 2026 resalta que varios países están utilizando tecnología para facilitar declaraciones patrimoniales y de intereses, mejorar auditorías y hacer más eficiente la detección de riesgos.

En el caso costarricense, la OCDE ya había recomendado fortalecer la capacidad institucional para procesar, verificar y auditar declaraciones patrimoniales, precisamente para que esas herramientas no sean solo un requisito formal, sino un instrumento útil para identificar conflictos de interés y orientar conductas preventivas. Desde esa perspectiva, la digitalización de controles no es un complemento técnico: es una pieza clave para cerrar la brecha entre obligación legal y cumplimiento efectivo.

Por qué esto le importa al sector privado

La integridad pública no interesa únicamente a los órganos de control o a la administración estatal. También es un factor económico. Un entorno institucional confiable reduce costos de transacción, mejora previsibilidad regulatoria, fortalece la competencia y disminuye el riesgo de arbitrariedad. Por eso, la calidad del sistema de integridad de un país incide en la inversión, la operación empresarial y la confianza del mercado. La propia OCDE vincula la integridad con resiliencia económica, confianza y mejor desempeño institucional.

Cuando la integridad falla, ocurre lo contrario: aumentan la opacidad, la incertidumbre y la fricción en la relación entre empresa y Estado. Eso puede traducirse en procesos más costosos, menor innovación, debilidad competitiva y vulnerabilidad frente a redes ilícitas que buscan infiltrar espacios donde los controles son débiles. En cambio, cuando las reglas son claras y aplicadas de forma consistente, la integridad deja de ser un ideal abstracto y se convierte en una ventaja país.

El reto de Costa Rica en 2026 es demostrar resultados

De cara a 2026, el principal desafío para Costa Rica no parece ser la redacción de nuevas normas, sino la capacidad de mostrar resultados tangibles. Eso implica fortalecer planes de acción, asignar recursos, publicar avances, medir cumplimiento, identificar responsables y usar mejor los datos para prevención y control. La OCDE ha sido consistente en señalar que la integridad pública solo se consolida cuando pasa del diseño institucional a la ejecución sostenida.

En este punto, la discusión ya no es jurídica en sentido estricto, sino de gestión pública. La pregunta no es si Costa Rica tiene una estrategia, sino si puede convertirla en una política capaz de producir confianza, transparencia y seguridad jurídica en la práctica. Esa es la diferencia entre tener leyes de papel y construir resultados de integridad.

Conclusión estratégica

Costa Rica llega a esta etapa con una base institucional importante. La ENIPC representa un avance serio y ordenado dentro de los estándares de la OCDE, pero la verdadera prueba empieza ahora. El país necesita demostrar que puede cerrar la brecha de implementación y convertir su arquitectura normativa en resultados observables.

Cerrar esa brecha no es solo una meta de buen gobierno. También es una condición para consolidar una ventaja competitiva en un entorno global donde la transparencia, la confianza y la seguridad jurídica pesan cada vez más. En esa medida, la integridad pública deja de ser un discurso y se convierte en una infraestructura esencial para el desarrollo económico y la credibilidad institucional del país.

Jorge Gutiérrez Guillén, CPA
Socio Fundador, JGutierrez Auditores Consultores S.A.

Fuentes:

• OCDE, Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026, sobre la brecha promedio de 19 puntos entre regulación e implementación en países miembros.
• OCDE, nota país de Costa Rica en Anti-Corruption and Integrity Outlook, con referencias a la ENIPC y a los retos de seguimiento e implementación.
• OCDE, OECD Integrity Review of Costa Rica, sobre la estrategia nacional de integridad, enfoque preventivo y fortalecimiento institucional.
• OCDE, análisis sobre declaraciones patrimoniales, verificación y fortalecimiento de controles de integridad en Costa Rica.

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