Costa Rica está presionada: por qué no es tan fácil “meter el cuchillo” al gasto público
En medio de la discusión sobre déficit fiscal, deuda pública y financiamiento del Estado, hay una pregunta que muchas personas se hacen con toda lógica: si el Gobierno gasta más de lo que recibe, ¿por qué no recorta y ya?
La pregunta es válida. De hecho, probablemente es una de las preguntas más honestas y más comunes que hoy se escuchan en la calle, en una oficina o en una conversación familiar. Pero la respuesta no es tan simple, porque una cosa es detectar que existe un problema fiscal, y otra muy distinta es resolverlo sin afectar de forma importante la vida diaria de los costarricenses.
La realidad es esta: Costa Rica está presionada, y por eso no es tan fácil meter el cuchillo.
Al cierre de 2025, el Gobierno Central registró ingresos totales por ¢7,47 billones, mientras que el gasto total llegó a ¢9,24 billones. Aunque antes del pago de intereses hubo un superávit primario de ¢487.920 millones, los intereses de la deuda ascendieron a ¢2,25 billones, lo que derivó en un déficit financiero equivalente al 3,4% del PIB. Eso significa que el país no solo enfrenta el reto de financiar su operación actual, sino también el peso acumulado de deudas del pasado.
Dicho en palabras sencillas: el Estado costarricense sí logró cubrir su operación básica, pero cuando llega el momento de pagar intereses, las cuentas vuelven a quedar en rojo. Y ese detalle cambia por completo la conversación, porque demuestra que el problema fiscal no se explica solo por lo que se gasta hoy, sino también por lo que se viene arrastrando desde hace años. En 2025, los intereses representaron alrededor del 30,2% de los ingresos recaudados. Es decir, de cada 100 colones que entraron al Estado, más de 30 colones se destinaron únicamente a pagar intereses.
Por eso, cuando el Ministerio de Hacienda sale al mercado para captar grandes montos de financiamiento, como ocurrió al inicio de 2026, no se trata simplemente de una decisión administrativa. El plan oficial de financiamiento proyectó necesidades por ¢4,2 billones para 2026. Eso no refleja comodidad financiera. Refleja la presión, la necesidad de liquidez y la urgencia de gestionar los vencimientos y el flujo de caja.
Ahora bien, muchos podrían insistir en la misma idea: si hay presión, hay que recortar. Pero aquí es donde conviene aterrizar la discusión. El gasto público no está compuesto únicamente por rubros innecesarios o fácilmente eliminables. Una parte importante corresponde a las remuneraciones, el funcionamiento institucional, la seguridad, la justicia, la educación, la inversión pública y las transferencias. Solo en 2025, las remuneraciones del gobierno central fueron de ¢2,87 billones. Y dentro de ese monto, una parte sustancial se concentra en áreas como la educación, el Poder Judicial y la seguridad pública.
Eso quiere decir que, cuando alguien propone “meterle cuchillo al gasto”, en la práctica no se refiere únicamente a recortar papelería, viáticos o alquileres innecesarios. Muchas veces, aunque no lo diga expresamente, está hablando de menos plazas, menos capacidad operativa, menor inversión, más congestión en los servicios públicos y menos margen para atender las necesidades básicas de la población.
Si se recorta la inversión, lo sentimos en carreteras, puentes, mantenimiento, escuelas e infraestructura. Si se recorta la planilla o el funcionamiento, lo sentimos en filas, atrasos, atención más lenta, menos seguridad o menos capacidad institucional. Si se recortan transferencias, el impacto puede afectar a programas sociales, instituciones públicas y sectores vulnerables que dependen en alguna medida de esos recursos. Por eso no es tan fácil meter el cuchillo: el cuerpo que se corta también presta servicios esenciales a la población.
Eso no significa que no haya margen de mejora. Sí lo hay. Y mucho. Costa Rica necesita revisar gastos ineficientes, duplicidades, estructuras pesadas, compras poco efectivas, programas que no generan resultados y rigideces presupuestarias que dificultan una gestión más moderna. También necesita mejorar la calidad del ingreso público. En 2025, los ingresos tributarios crecieron apenas 0,7%, y además bajaron de 13,2% del PIB en 2024 a 12,8% del PIB en 2025. Es decir, el Estado recaudó un poco más en términos nominales, pero menos en proporción al tamaño de la economía.
En otras palabras, el problema no se resuelve solo recortando. Se necesita también una mejor recaudación, una estructura tributaria más sólida, una administración del gasto más eficiente y una estrategia de deuda que reduzca el peso de los intereses. Organismos como la OCDE y el FMI han señalado precisamente eso: Costa Rica ha mejorado, pero todavía necesita consolidar la sostenibilidad fiscal a largo plazo mediante disciplina, eficiencia y el fortalecimiento de los ingresos.
La discusión pública suele caer en dos extremos equivocados. Un extremo dice que todo el problema se arregla con tijera. El otro dice que no se puede tocar nada. La verdad responsable está en el medio: sí hay que recortar lo ineficiente; sí hay que proteger lo esencial; sí hay que ordenar la deuda; y sí hay que fortalecer una recaudación sana, sin asfixiar la actividad productiva.
Por eso vale la pena repetir la idea central: Costa Rica no está quebrada, pero sí está presionada. Y mientras una parte tan grande de los ingresos se destine al pago de intereses, el gasto siga teniendo componentes rígidos y la recaudación no crezca con suficiente fuerza, el margen para resolver el problema seguirá siendo estrecho.
La pregunta de la calle está bien hecha. Lo importante ahora es dar una respuesta seria, honesta y útil. No se trata de escoger entre recortar todo o no tocar nada. Se trata de entender que el verdadero reto es gastar mejor, recaudar mejor y endeudarse menos y más barato.
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