El superávit primario se diluye: así presiona la sequía de ingresos la salud fiscal de Costa Rica
La caída del superávit enciende una alerta fiscal
La baja reportada en el superávit primario durante los últimos cuatro años enciende una señal de advertencia sobre la salud fiscal de Costa Rica. La administración Chaves Robles inició en 2022 con una diferencia positiva entre los ingresos y los gastos, excluyendo intereses, lo que se conoce como superávit primario. Esa diferencia incluso mejoró durante el primer año de gestión y fue presentada en su momento como uno de los principales logros fiscales del Gobierno. Sin embargo, ese colchón financiero se ha venido erosionando de manera sostenida. Al cierre de 2022, el superávit primario equivalía al 2% del PIB, pero a diciembre de 2025 cayó hasta 0,94%.
Cuando se suman los intereses, el superávit desaparece
La situación cambia aún más cuando se incorpora el pago de intereses de la deuda. En ese escenario, el país deja de registrar superávit y mantiene un déficit fiscal. Este indicador cerró el 2025 en -3,4% del PIB, una ligera mejora frente al -3,7% del 2024, pero todavía en una posición menos favorable que la observada en 2022, cuando fue de -2,4%. La lectura de fondo es preocupante: el Gobierno ya no está generando la misma capacidad de ingresos para sostener sus gastos y ha perdido buena parte del margen con el que comenzó la actual administración.
El problema ya no es solo el gasto: es la caída de los ingresos
Diversos economistas coinciden en que el deterioro fiscal actual no responde únicamente al gasto, sino a una sequía de ingresos. Entre 2024 y 2025 se registró una caída nominal de ¢32.800 millones, equivalente a un retroceso del 6,3%, explicada principalmente por una menor recaudación. Esta tendencia es especialmente delicada porque ocurre justo cuando la deuda pública ya superó el umbral del 60% del PIB, un nivel que activa restricciones más severas dentro de la regla fiscal. En otras palabras, el país enfrenta un panorama de menor recaudación y, al mismo tiempo, menor espacio para reaccionar con política pública.
La erosión del fisco golpea renta, IVA y transferencias
Las cifras reflejan una contracción clara en los ingresos del Gobierno Central. Estos pasaron de representar un 15,98% del PIB en 2022 a 14,42% en 2025. En paralelo, los ingresos tributarios bajaron de 13,74% a 12,78% del PIB. Entre los rubros más afectados destacan el impuesto sobre la renta, que descendió de 5,29% a 4,73% del PIB, y el IVA, que pasó de 4,77% a 4,65%. También se redujeron los ingresos por transferencias y otros tributos vinculados al comercio exterior. Esta caída sostenida evidencia un debilitamiento estructural de la capacidad recaudatoria del Estado.
Construcción, turismo y el régimen definitivo explican parte del deterioro
El debilitamiento del IVA responde, en buena parte, a la desaceleración de sectores clave como construcción y turismo, los cuales han resentido el efecto de la caída del dólar sobre sus ganancias. A ello se suma una brecha cada vez más visible entre el dinamismo de las empresas del régimen definitivo y las de zonas francas. Mientras las primeras, que son las que más aportan impuestos, crecieron apenas 2,9%, las segundas crecieron 9,9%. Ese desbalance ha generado una economía partida en dos, donde una parte crece con fuerza, pero sin traducirse en igual proporción en mayores ingresos tributarios para el fisco.
Otros tributos muestran volatilidad y poca consistencia
El comportamiento de otros impuestos también confirma la fragilidad de la recaudación. Durante 2025, el impuesto a los combustibles registró una caída interanual de -0,51%, luego de haber mostrado un repunte importante a inicios de 2024. Por otro lado, el impuesto a la propiedad de vehículos cerró 2025 con un incremento de 38,27%, aunque este salto responde principalmente a un efecto rebote tras la contracción del -15,88% del año previo, originada por una reducción impositiva aprobada por la Asamblea Legislativa. Este comportamiento confirma que no existe una base recaudatoria sólida y estable sobre la cual descansar.
El gasto baja, pero no alcanza para compensar la pérdida de ingresos
Paralelamente, el gasto del Gobierno Central también ha venido disminuyendo. Los gastos totales pasaron de 18,41% del PIB en 2022 a 17,83% en 2025, mientras que los gastos sin intereses bajaron de 13,96% a 13,48%. También se observan reducciones en remuneraciones y transferencias al sector público y al sector privado. No obstante, el peso de los intereses sigue siendo elevado y continúa presionando las finanzas públicas. Aunque el gasto en intereses bajó a 4,35% del PIB en 2025, esta reducción obedece principalmente a factores como la apreciación del colón y menores tasas domésticas, no necesariamente a una mejora estructural de la deuda.
El déficit mejora levemente, pero no resuelve el problema de fondo
Si bien el déficit fiscal del Gobierno Central mostró una leve mejoría al pasar de 3,72% del PIB en 2024 a 3,41% en 2025, varios especialistas advierten que esta reducción no debe interpretarse como una señal de estabilidad consolidada. Más bien, el superávit primario se ha ido reduciendo, el déficit se ha estacionado alrededor de 3,5% del PIB y la deuda dejó de descender. Esa combinación revela un deterioro estructural que preocupa tanto a economistas locales como al Fondo Monetario Internacional.
Desde afuera aún hay confianza, pero con advertencias
A nivel internacional, Costa Rica todavía mantiene una percepción relativamente positiva. Según el análisis citado en la información base, Fitch mejoró la perspectiva del país a positiva, Moody’s elevó la nota a Ba2 y el índice de mercados se mantiene en niveles favorables. Esto sugiere que el país sigue siendo visto como un mercado atractivo para la inversión. Sin embargo, la advertencia también es clara: si se pierde la disciplina fiscal o se produce una parálisis política que impida hacer ajustes necesarios, esa confianza podría deteriorarse.
El FMI pide una reforma tributaria profunda
Frente a este escenario, el Fondo Monetario Internacional ha recomendado una reforma tributaria de fondo. Entre sus principales propuestas figuran una mayor progresividad en el impuesto sobre la renta de personas físicas, la eliminación de exoneraciones que erosionan la base tributaria, la implementación de impuestos ambientales o mecanismos tipo feebates, y una reorientación del gasto hacia áreas con mayor impacto en bienestar y competitividad, como educación, salud, seguridad e inversión de capital. El mensaje es claro: el problema fiscal costarricense ya no puede resolverse solo con contención del gasto; requiere reconstruir la capacidad de recaudar.
El próximo Gobierno recibirá menos margen y más restricciones
El panorama para la próxima administración será particularmente exigente. Al haber superado la deuda pública el umbral del 60% del PIB, el país entrará en un tramo mucho más restrictivo de la regla fiscal a partir de 2027. Eso limitará el crecimiento del gasto y reducirá el espacio para impulsar nuevas políticas públicas, aun cuando existan necesidades urgentes en inversión, infraestructura o atención social. En consecuencia, el Gobierno entrante heredará unas finanzas públicas en mejor condición que hace algunos años en ciertos indicadores, pero con un margen de maniobra mucho menor.
Una señal de alerta que ya no puede ignorarse
En definitiva, la evaporación del superávit primario confirma que Costa Rica enfrenta un problema estructural de ingresos que va más allá del control del gasto. La disciplina fiscal sigue siendo necesaria, pero ya no es suficiente por sí sola. El verdadero reto será recuperar la capacidad de recaudación, fortalecer la base tributaria y tomar decisiones de fondo que permitan sostener la estabilidad fiscal en el mediano plazo. De lo contrario, el país corre el riesgo de llegar a la próxima administración con menos herramientas para responder a los desafíos económicos y sociales que ya se asoman.
Jorge Gutiérrez Guillen
JGutierrez Auditores Consultores
Fuentes:
Ministerio de Hacienda de Costa Rica; cifras del Gobierno Central al cierre de 2025; análisis de economistas citados en la información base; referencias a valoraciones del Fondo Monetario Internacional y agencias calificadoras internacionales.
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